BOLIVIA-CORRUPCIÓN

Arresto domiciliario para un ex superintendente de Hidrocarburos por el caso YPFB

Una jueza dictó arresto domiciliario contra el ex superintendente de Hidrocarburos de Bolivia Guillermo Aruquipa por su presunta responsabilidad en el caso de corrupción en la estatal petrolera YPFB, informaron hoy medios locales.
Fotografía de octubre de 2006 en la que se ve al  ex superintendente de Hidrocarburos de Bolivia Guillermo Aruquipa a quien una jueza le dictó una orden de arresto domiciliario por presunta corrupción en la estatal petrolera YPFB. EFE/Archivo

Aunque la Fiscalía pedía prisión preventiva, la jueza Betty Yañique resolvió limitar la medida a arresto domiciliario para Aruquipa, también ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

"Aunque no estoy conforme con la decisión porque no he hecho nada, respeto la decisión", dijo Aurquipa al terminar la sesión, citado por el diario La Razón.

Junto a Aruquipa, también fueron conminados a guardar arresto domiciliario Leonardo Chiquié, ex asesor jurídico de la Superintendencia de Hidrocarburos, y Misael Gemio, ex viceministro de Desarrollo Energético.

La medida fue adoptada tras más de nueve horas de audiencia de medidas cautelares, vista que había sido suspendida y pospuesta hasta en dos ocasiones a lo largo de la semana.

Las tres ex autoridades están siendo investigadas por el supuesto caso de corrupción en YPFB, por el que se encuentra provisionalmente encarcelado el también ex titular de la empresa Santos Ramírez, otrora uno de los hombres fuertes del partido del presidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).

Hace dos semanas, Aruquipa dimitió de su cargo al frente de la Superintendencia de Hidrocarburos, ente regulador del sector, para asumir la defensa de su inocencia como un ciudadano más, según declaró entonces.

El ex funcionario ha sido acusado por los fiscales de haber tomado decisiones desde su cargo para favorecer uno de los negocios presuntamente corruptos de Ramírez.

El escándalo en YPFB estalló a fines de enero pasado con el asesinato de un empresario petrolero boliviano, al que los autores del crimen le robaron 450.000 dólares.

La víctima fue asaltada cuando ingresaba con el dinero en efectivo en la casa de unos familiares de Santos Ramírez, por lo que los investigadores y la oposición sospechan que estaba destinado al pago de una comisión ilegal.

El empresario asesinado representaba a una empresa que había sido contratada por YPFB para la construcción en el este del país de una planta de gas natural por un valor de 86 millones de dólares.

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