La Audiencia Nacional rechaza que Aznar, Trillo y Bono testifiquen en el juicio por el Yak-42

Según han informado hoy fuentes jurídicas, la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto en el que señala la celebración de este juicio desde el 24 de marzo y el 3 de abril, y en el que admite el testimonio del ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) Félix Sanz Roldán y del general José Antonio Beltrán.

Además de Aznar, Trillo y Bono, el tribunal ha rechazado también que testifique, tal y como habían pedido las acusaciones ejercidas por los familiares de las víctimas, el que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Antonio Moreno Barberá (imputado en la causa en la que se investigan las irregularidades en la contratación del avión siniestrado).

La Sala tampoco ha admitido el testimonio de los que fueran jefes del Estado Mayor del Ejército (JEME) Luis Alejandre y del Aire (JEMA) Eduardo González-Gallarza, así como al entonces secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte.

El tribunal que juzgará estos hechos, ocurridos en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003, estará formado por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez (ponente) y los magistrados Manuela Fernández de Prado y Nicolás Poveda.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, solicita entre 4 años y medio y 5 años de cárcel para los tres mandos militares que supuestamente identificaron erróneamente 30 de los 62 cadáveres de los militares que fallecieron en el accidente.

Se trata del general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, acusados los tres de un delito continuado de falsedad documental.

Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita también una multa y una pena de inhabilitación especial para cada uno de los tres acusados: de 60.000 euros y 5 años para Navarro y de 24.000 euros y 4 años para Ramírez y Sáez.

Burgos también reclama indemnizaciones por daños morales de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges, hijos y padres de los 30 militares cuyos cuerpos no se identificaron correctamente, una cantidad que de no poder asumirla los acusados deberá abonar el Estado como responsable civil subsidiario.

En su escrito de acusación, el fiscal hace una relación detallada de esos 30 cuerpos y acusa a Navarro de elaborar la lista con los militares muertos y "rellenar" de forma arbitraria y "caprichosa" los treinta espacios en blanco que había en esa relación de nombres y que correspondían a los de los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar.

Por su parte, las cuatro acusaciones particulares personadas en la causa y ejercidas por los familiares de los militares fallecidos solicitan penas de entre 3 y 6 años de cárcel para los tres acusados.

Marlaska reabrió esta causa el pasado 29 de abril -la había archivado el 22 de noviembre del año pasado-, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se lo ordenara al creer que las identificaciones de 30 de los 62 cuerpos se hicieron "erróneamente".

El magistrado también investiga la causa sobre las supuestas irregularidades en la contratación del Yak-42 en la que ha imputado un delito de imprudencia grave con resultado de muerte a cinco mandos militares.