Betancourt desiste de una millonaria conciliación con el Estado colombiano

El procurador asignado al caso, Gabriel Herrera Vergara, "dio por terminados los trámites conciliatorios" a petición de Betancourt, de nacionalidad colombo-francesa, y su familia, explicó a periodistas el procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Isnardo Jaimes.

En dos peticiones de conciliación, presentadas el pasado 30 de junio, Betancourt aspiraba a obtener del Estado colombiano una indemnización de más de 6,8 millones de dólares.

Las solicitudes de conciliación extrajudicial fueron presentadas por sus abogados a nombre de la misma Betancourt, su madre Yolanda Pulecio, sus dos hijos y su hermana Astrid.

Las aspiraciones de la familia Betancourt fueron divulgadas el pasado 9 de julio por medios colombianos e inmediatamente motivaron una oleada de críticas, incluso de otros antiguos rehenes.

El abogado Gabriel Devis Morales, apoderado de los Betancourt, presentó este martes ante la Procuraduría (Ministerio Público) las solicitudes para desestimar la conciliación.

Las citadas acciones dirigidas contra el Estado, a través del Ministerio de Defensa, exigían el pago de 13.000 millones de pesos (unos 6,84 millones de dólares) por los perjuicios ocasionados a Betancourt cuando fue rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Betancourt fue secuestrada el 23 de febrero de 2002, en una carretera del sureño y selvático departamento del Caquetá, cuando se dirigía a un mitin político en San Vicente del Caguán, junto con su compañera de candidatura para la Vicepresidencia, Clara Rojas.

Según Betancourt, hubo fallos de seguridad que propiciaron su secuestro.

Pero esa denuncia ha sido desmentida tanto por altos mandos militares de la época como por sus propios ex escoltas, que afirman que ella conocía los riesgos de viajar a la zona, donde había fuerte presencia de las FARC, y decidió asumirlos.

Betancourt permaneció cautiva hasta el 2 de julio de 2008, cuando fue rescatada por el Ejército en la Operación Jaque junto con tres estadounidenses y 11 policías y militares colombianos.

Aunque la ex rehén aclaró el pasado domingo que no pretendía demandar al Estado y que la indemnización solicitada era meramente "simbólica", las críticas le siguieron lloviendo especialmente en Colombia y en las redes sociales, donde la tildaron, entre otras cosas, de "ingrata".

"Me arrepiento en la forma cómo la presenté (la conciliación). Los colombianos no quieren que se presente ninguna demanda. Yo no quiero presentar ninguna demanda", declaró el domingo en una entrevista concedida a Caracol Radio y a Caracol Televisión.

Dos días antes, cuando fue difundida la conciliación y tras la enorme reacción generada, su abogado señaló en un comunicado que "no se ha demandado a nadie, ni al Gobierno colombiano, ni a las Fuerzas Armadas, ni a ninguna de las personas que participaron en la operación de liberación" de Betancourt.

Añadió que refutaba "totalmente las informaciones amañadas sobre las condiciones en las cuales se produjo el secuestro" y subrayó que desde el inicio del trámite de conciliación se le dieron "instrucciones de no instaurar ninguna demanda contra el Estado colombiano".

Para el defensor de Betancourt, "una conciliación es una manera de ayudar a reflexionar sobre los mecanismos de protección que brinda el Estado colombiano a sus ciudadanos víctimas del terrorismo".

Este martes, el contralor general (controlador de las cuentas públicas), Julio César Turbay Quintero, advirtió sobre la cantidad de demandas que se pueden registrar contra el Estado por parte de ex secuestrados.

"De ser falladas (las demandas) en contra del Estado, éste entraría en insolvencia, en incapacidad de pago", alertó.

Sigifredo López, que fue diputado de la Asamblea departamental del Valle del Cauca y único sobreviviente entre doce legisladores regionales secuestrados en 2002 y liberado en 2009, recordó hoy que demandó al Estado en febrero pasado "por perjuicios".

López explicó que en su demanda aspira "a una reparación", que debe darse "con bienes incautados a las FARC".

En todas las jurisdicciones del mundo, dijo, "la reparación es un derecho y con las incautaciones se deben reconocer las reparaciones" de los afectados.

Otros ex rehenes de las FARC, como los ex congresistas Gloria Polanco, Eduardo Gechem, Orlando Beltrán y Consuelo González de Perdomo, también tienen pendientes procesos de demanda contra el Estado colombiano por sus secuestros.