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Bruselas celebra la entrada en vigor del acuerdo internacional de la FAO contra la pesca ilegal

La Comisión Europea ha celebrado la entrada en vigor este domingo, 5 de junio, del acuerdo internacional para combatir la pesca ilegal no declarada adoptado e impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En concreto, el Ejecutivo comunitario ha destacado en un comunicado que el Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto permitirá a los países mantener a embarcaciones ilegales fuera de sus puertos ,de forma que se evitará el desembarco de sus capturas.
El comisario de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos y Pesqueros, Karmenu Vella, ha subrayado que este "poderoso instrumento" ayudará a combatir las actividades de pesca ilegal no declarada y tanto a nivel europeo como a nivel global, lo que supone una "mejora significativa para la gobernanza oceánica internacional".
"La pesca ilegal no declarada está destruyendo los recursos pesqueros globales. Está amenazando la supervivencia de los pescadores que cumplen con las normas", ha alertado el comisario, quien ha añadido que estas prácticas ilegales están valoradas en 10.000 millones de euros al año, un 15% del mercado global.
"El acuerdo garantiza un mejor control de lo que pasa en los puertos y es una herramienta clave para evitar que la pesca ilegal no declara entre en el mercado. Manda un mensaje claro: cuando se trata de pesca ilegal, no cerraremos los ojos"; ha insistido VELLA.
El Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto fue adoptado en noviembre de 2009 y entra en vigor este domingo, 5 de junio. Un total de 29 países y la UE, como una única parte, se han comprometido formalmente y han firmado en la fecha establecida.
El acuerdo requiere que los Estados designen oficialmente los puertos que deben utilizar las embarcaciones extranjeras, que además tendrán que enviar notificaciones antes de acceder a estos y aportar información a las autoridades pertinentes, incluidas las capturas a bordo.
Asimismo, este pacto permite la posibilidad de denegar la entrada o de llevar a cabo inspecciones en aquellos barcos que se han visto involucrados en actividades de pesca ilegal, así como de tomar las acciones apropiadas al respecto.