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Bruselas pide explicaciones al Gobierno español

La Comisión Europea ha pedido explicaciones al Gobierno español por la investigación abierta por la Audiencia Nacional contra la empresa pública Acuamed por posibles adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos a una decena de empresas, entre ellas FCC y Acciona, según han informado fuentes comunitarias.
La petición se ha dirigido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a quien el Ejecutivo comunitario considera responsable de "tomar todas las medidas apropiadas" para evitar el uso indebido de fondos comunitarios. Los servicios de la Comisión informarán a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para que considere la posibilidad de abrir una investigación.
Bruselas ha apuntado además que el departamento dirigido por Cristóbal Montoro ha confirmado su decisión de suspender cualquier pago de la sociedad y ha mostrado su compromiso a emprender las acciones necesarias para evitar el uso indebido de fondos de la UE "una vez que los proyectos implicados y las prácticas alegadas sean clarificadas".
Por otro lado, el Ejecutivo comunitario ha recordado que Acuamed es un "beneficiario tradicional" de fondos europeos y que ha sido apoyado tanto por el Fondo Europeo para el Desarrollo Regional (Feder) y por el Fondo de Cohesión para llevar a cabo trabajos en el ámbito del agua en la cuenca de mar Mediterráneo para el periodo 2007-2013. Entre esos años, los fondos europeos han cofinanciado proyectos por valor de entorno a 660 millones de euros.
Así, ha recordado que los Estados miembro son los responsables de implementar y controlar los programas que han sido acordados previamente con la Comisión Europea para recibir financiación de los fondos estructurales.
Esto supone que son los países de la UE los que deben seleccionar los programas que van a ser cofinanciados, además de verificar los gastos que Bruselas reembolsará posteriormente y su adecuación a la legislación nacional y comunitaria.
En este sentido, ha añadido que los Estados miembros deben remitir los documentos de cierre de los programas del periodo 2007-2013 antes de marzo del año que viene y que antes de esa fecha existe la posibilidad de corregir cualquier pago irregular y sustituirlo por otro que cumpla con los criterios establecidos.