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Las CCAA acumulan una deuda de 2.500 millones de euros con el sector de tecnología sanitaria

Los datos del Observatorio de Deuda de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) muestran que el volumen de facturas pendientes de cobro por parte de las comunidades autónomas alcanzó a cierre de agosto de 2013 la cantidad de 2.500 millones de euros, con un plazo medio de pago de 323 días.
El dato se mantiene prácticamente estable si se compara con los datos de agosto 2012, cuando la deuda se establecía en los 2.400 millones; sin embargo, como recuerda a Europa Press la responsable de las relaciones con las CCAA de Fenin, Gloria Rodríguez, la situación era mejor ya que el plazo medio de pago era de 100 días menos.
"Se ha formado una nueva bolsa de deuda porque en el momento en el que el Gobierno comunica un nuevo Plan de Pago a Proveedores las comunidades dejan de pagar la facturas, no les compensa pagar de otra manera ya que el Plan obliga al proveedor a renunciar a los intereses de demora", recuerda Rodríguez, quien lamenta la actual situación por la que pasan las empresas fabricantes y distribuidoras de tecnología sanitaria en España.
El 50 por ciento de la deuda "prácticamente" es de 2012, lo que pone a las empresas ante una situación "insostenible" y de "incertidumbre", más aún si se tiene en cuenta que, por el momento, "se desconoce cuándo el Gobierno hará efectivo el siguiente Plan".
Las comunidades con mayor deuda son Andalucía (691 millones), la Comunidad Valenciana (513 millones) y Cataluña (273 millones), que copan el 60 por ciento de toda la deuda; le siguen Castilla-La Mancha (184 millones), Madrid (175 millones), Aragón (133 millones), Murcia (120 millones), Extremadura (82 millones), Baleares (75 millones), Galicia (62 millones), Castilla y León (57 millones), Canarias (45 millones), Asturias (38 millones), País Vasco (31 millones), Cantabria (11 millones), Navarra (7 millones), La Rioja (5 millones) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (1 millones).
En cuanto al pago, la que más retraso tiene en el pago es la Comunidad Valenciana con 604 días, le siguen Andalucía (489 días), Murcia (463 días), Aragón (455 días), Castilla-La Mancha (458 días), Baleares (417 días), Cataluña (401 días) y Extremadura (373 días). Madrid (187 días), Asturias (178 días), Galicia (139 días), Canarias (133 días), Cantabria (115 días), Castilla y León (111 días), La Rioja (99), País Vasco (75 días), Navarra (67 días) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (53 días).
A la espera de que el Ejecutivo autorice un nuevo Plan de proveedores que de un respiro a las empresas del sector, Rodríguez explica la contradictoria situación que se vive con la entrada en vigor de la Ley de Morosidad que obliga a las Administraciones públicas a pagar en un plazo máximo de 30 días a los proveedores.
"La realidad en el sector es que en este momento el plazo medio de pago es diez veces superior al plazo legal, el plazo legal son 30 días el plazo medio son 323 día", añade, no sin antes manifestar su esperanza a que salga a delante el proyecto de Ley que se está preparando para penalizar ese incumplimiento.
Para Rodríguez es importante que la Administración "cumpla la ley", porque "están poniendo en una situación muy difícil a las empresas del sector", ya que "se sienten presionados por no haber crédito bancario y, por otra parte, sus proveedores piden cobrar su deuda que deben pagar en un máximo de 60 días; a lo que se suma que tiene que pagar también los impuesto son haber cobrado la factura".