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CCOO valora que la Junta andaluza recurra la Lomce ante el Tribunal Supremo y recuerda sus peticiones al respecto

La sección sindical de CCOO ha valorado el anuncio realizado este viernes por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en el sentido de recurrir la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) ante el Tribunal Supremo para pedir su paralización, recordando asimismo las peticiones al respecto elevadas por esta causa en Mesa Sectorial de Educación.
El sindicato, en una nota, ha recordado por otra parte que, adelantándose incluso a la Junta de Andalucía, CCOO interpuso el pasado 23 de abril un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra las normas que desarrollan la nueva Formación Profesional Básica (FP Básica) y la Educación Primaria recogidas en la reforma educativa.
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco, valora la actuación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte al "seguir los pasos del sindicato y acudir también al Tribunal Supremo para defender la educación pública".
Los razonamientos del sindicato para recurrir el Real Decreto de la FP Básica son que éste "legitima la exclusión educativa de determinados alumnos en el marco de la escolaridad obligatoria, limitando su continuidad en el sistema educativo".
A su juicio, la nueva etapa constituye un "retroceso" respecto a los Programas de Cualificación Profesional Inicial a los que sustituye y que se extinguen el próximo curso, mientras que "no se garantiza que los futuros ciclos formativos incluyan un módulo profesional de Formación y Orientación Laboral (FOL) y tampoco queda garantizado que las prácticas laborales se desarrollen en un entorno laboral, así como el quebranto que puede suponer diferentes criterios de admisión en cada comunidad autónoma".
Por último, CCOO considera que la adscripción del profesorado es a"bsolutamente arbitraria", ya que "no se han establecido criterios claros, violando preceptos básicos de la Constitución relativos al acceso a la función pública con arreglo a los principios de mérito y capacidad y la sujeción de las Administraciones Públicas a la Ley y al Derecho".
Respecto al Real Decreto de Educación Primaria, el gabinete jurídico de CCOO pone en entredicho la elaboración de una memoria abreviada y, tal y como ha señalado el Consejo de Estado, "se echa en falta en la memoria un cálculo específico sobre el impacto económico del proyecto, que no se limita, como aquella da a entender, al coste de la realización de la prueba final de Educación Primaria.