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CCOO dice que harán falta 2.400 millones de euros para acabar con la lista de espera de dependencia y pide compromisos

Comisiones Obreras ha advertido este jueves de que serán necesarios 2.400 millones de euros para atender a las 400.158 personas con dependencia que se encuentran en lista de espera para recibir la prestación o servicio a la que por ley, tienen derecho. Pide a los partidos políticos que eleven compromisos concretos de cara a las elecciones del 26 de junio.
El sindicato recuerda que la lista de espera equivale al 33% de todos los beneficiarios del sistema, es decir, que "uno de cada tres dependientes continúa desatendido" e incide en la evidencia de que se necesita financiación adicional que vaya más allá de los 200 millones de euros presupuestados por el Gobierno para apoyar el nivel mínimo.
Afirma que en la actualidad el Sistema de Dependencia atiende mediante una prestación efectiva a unas 802.000 personas con un coste estimado de 7.450 millones de euros anuales, aunque todavía se encuentran en lista de espera algo más de 400.000 dependientes.
CCOO estima que el coste adicional que tendría garantizar una prestación efectiva a todas los dependientes en lista de espera se situaría en el entorno de los 2.400 millones de euros, manteniendo los estándares de atención que actualmente ofrece el SAAD (64% prestaciones de servicios, 36% prestación económica).
"El modelo de financiación impuesto desde los recortes de 2012 sólo garantiza recursos adicionales para atender a los dependientes en lista de espera por importe de unos 200 millones de euros, como consecuencia de la ampliación automática de crédito prevista para sufragar el Nivel Mínimo de financiación. Esta cifra supone algo menos del 1% del total de gasto estimado", expone Comisiones Obreras.
Por ello, insta a todos los partidos políticos a que se "se comprometan explícitamente" en sus programas electorales a la "recuperación de un modelo de financiación suficiente" del Sistema de Dependencia, así como a que en la próxima legislatura se proceda a una evaluación del mismo en la que participen las administraciones públicas tanto estatal como autonómicas, los partidos políticos y los agentes sociales.