CEA avisa de que la subida de las tasas para recurrir multas de tráfico es "discriminatoria" y "recorta garantías"

El anteproyecto de Ley por el que se revisan las tasas judiciales vigentes desde 2002 y reguladas por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social tiene, según CEA, "un claro afán recaudatorio y, al mismo tiempo, desanimará en muchos casos a que se haga uso de la Justicia, lo que se traduce en un recorte real de derechos y garantías".

Así, CEA ve esta reforma como una vulneración de un derecho fundamental como es el derecho del libre acceso a la Justicia, pues se trata de una medida que "ahuyenta al ciudadano a la interposición de recursos, pese a que se tenga la certeza de estar en posesión de la razón".

En el caso concreto de las multas de tráfico, si el anteproyecto se aprobase en los términos que ha dispuesto el Gobierno, algunos recursos contenciosos administrativos podrían perder su interés económico, al ser la cuantía del litigio inferior al importe de la tasa, ha señalado CEA.

Por ello, CEA opina que esta medida supondrá que "en un gran número de ocasiones" los ciudadanos van a preferir no hacer uso de la Justicia para causas que consideren "menores" y en las que no "interese" el retorno económico que puedan obtener con tal de no tener que hacer el aporte inicial de las tasas por el uso del servicio de la Justicia.

En este sentido, a pesar de que desde el Ministerio de Justicia argumentan que esta subida de tasas es necesaria para poder sufragar los gastos que genera el mantenimiento y uso de la Justicia gratuita, CEA cree que esta razón no es justificable ya que es a través de los impuestos de los ciudadanos, y por tanto de financiación pública, cómo se obtienen los ingresos para su buen funcionamiento. Por tanto, con esta medida estaríamos asistiendo ante un "doble pago" por un mismo servicio público.

En concreto, el aumento de las tasas judiciales incide en mayor medida en la apelación (sube 500 euros) y en la casación (600 euros) de lo Civil y lo Contencioso-Administrativo; y en la suplicación (500 euros) y en la casación (750 euros) del orden Social. La actualización deriva del coste que implica la actividad procesal, el IPC acumulado en la década en la que se lleva aplicando la tasa y el órgano jurisdiccional al que se acude.