El juez exige al director del CIE de Madrid que informe a los inmigrantes sobre su situación y posibilidad de asilo

El Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid en funciones de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche ha requerido a la dirección del centro para que garantice el derecho de los inmigrantes allí recluidos a conocer la situación de su expediente administrativo, saber con antelación cuándo van a ser deportados y recibir información sobre la posibilidad de cursar una petición de asilo en España.

Se trata de dos autos dictados el 25 de marzo y el 15 de abril, el primero de los cuales responde a la queja presentadas por la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), SOS Racismo, Pueblos Unidos y Karibú ante la deportación desde el CIE de Madrid de al menos 18 ciudadanos malienses que no habían sido informados de que podían pedir asilo ni fueron avisados del momento en que serían expulsados.

Según explica CEAR, este caso fue "especialmente grave" porque hasta ahora, España no deportaba a ciudadanos a Malí, un país "que sufre un alto grado de inestabilidad y conflicto" desde hace años. Además, contra la instrucción del Ministerio del Interior de 2005, ninguno había recibido información en el CIE sobre la posibilidad de pedir asilo en España y, contraviniendo el auto colectivo de los jueces de control de Madrid de 2012, tampoco ninguno fue avisado de la inminente deportación.

"Las repatriaciones a Mali, sin informar sobre el derecho a solicitar protección internacional ni atender a los diferentes perfiles de las personas que están siendo expulsadas puede vulnerar el principio de no devolución establecido en la Convención de Ginebra", advierte CEAR.

El juez de control respondió a la queja con un auto fechado el 25 de marzo en el que requiere al director del CIE para que se entregue información "completa y suficiente" sobre la posibilidad de solicitar protección internacional en el momento de ingreso en el centro y se deje constancia de que ésta ha sido recibida por el interno.

El auto destaca que entre los internos puede haber personas que necesiten protección internacional y que "de forma mecánica se ven internados sin que hayan tenido ni tan siquiera la posibilidad de ejercer las peticiones de asilo que pudieran ampararles" y recuerda que un CIE no es una cárcel, así que "en modo alguno priva a los internos de los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico".

"Para poder ejercer la petición de asilo, es necesario previamente estar informado de las posibilidades de hacer la petición de asilo, y para conocer tal posibilidad es preciso que la información sea completa o cuanto menos suficiente para que personas que han podido huir de países africanos bien por guerras, bien por persecuciones de todo tipo político, etc., puedan, aún estando internados, ejercer la petición de asilo", dice el juez de control.

NO ESTAR INFORMADO LIMITA LA DEFENSA DE SUS DERECHOS

En cuanto al derecho a que los inmigrantes reciban información sobre su situación, el juez de control se pronunció en un auto dictado el 15 de abril para establecer que todos los internos deben recibir a su ingreso una copia íntegra de su expediente administrativo gubernativo-policial y toda la documentación que contenga, tras constatar que no se les estaba proporcionando la documentación, limitando su "posibilidad de ejercer la defensa de sus derechos en todos los órganos jurisdiccionales".

CEAR pone en valor que el auto destacó la situación de personas internas que proceden de distintos puntos de España y que se ven privadas del conocimiento formal y material íntegro de sus expedientes. "Ni siquiera se les facilita copia ni se les informa de la resolución de expulsión que se va a ejecutar y muchas veces tampoco se les ha entregado el auto judicial de internamiento", denuncia la organización especializada.

Tanto la propia CEAR como Karibu, Pueblos Unidos y SOS Racismo-Madrid destacan que los autos "suponen un avance importante para garantizar el derecho de información, a la defensa y a la protección internacional, en su caso, de las personas internas en los CIE" y solicitan al Ministerio del Interior que extienda estas medidas, "sencillas y sin coste alguno", al conjunto de los centros de internamiento que funcionan en España.