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CSIF llevará al Defensor del Pueblo la "discriminación" en la pensión de jubilación de las trabajadoras con un hijo

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este lunes que llevará al Defensor del Pueblo la "discriminación" a las empleadas públicas con un hijo y a las madres trabajadoras del sector privado en el complemento de pensión de maternidad que entró en vigor el pasado mes de enero, que sólo beneficia a las funcionarias con dos o más hijos.
Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en Madrid la secretaria de Igualdad de esta organización, Mariángeles Mur, junto a su homóloga en la Confederación Nacional de Policía (CEP), Marian Ingrid Pérez. "Es una triple discriminación: a las madres funcionarias con un hijo, a las de clases pasivas que se jubilan a los 60 años y a las del sector privado. Todas contribuyen a la demografía española", ha advertido Mur.
Según explica CSIF, este complemento de pensión va en función del número de hijos nacidos o adoptados y se calcula aplicando a la pensión los siguientes porcentajes: el 5% a funcionarias con dos hijos; el 10 por ciento, con tres, y el 15 por ciento con cuatro o más.
Aunque este sindicato ya ha presentado una queja formal a la Dirección General de la Función Pública, va a agotar la vía administrativa y no descarta la judicial, además de llevar el asunto al Defensor ante el Defensor Pueblo.
"Genera discriminación interna, a nivel administración, y externa con respecto a madres trabajadoras del sector privado", ha dicho la secretaria de Igualdad del sindicato, que se ha preguntado "por qué no se da un complemento del 2,5 por ciento a las trabajadoras que sólo tienen un hijo".
PERMISO DE GESTACIÓN
Mur ha indicado que este sindicato estudia también acciones legales contra el nuevo permiso de gestación retribuido desde la semana 37 de embarazo --desde la 35, en caso de parto múltiple-- porque "únicamente" se pueden beneficiar del mismo las empleadas públicas de la Administración General del Estado, dejando fuera al resto de administraciones y al personal laboral no funcionario.
Esta medida, según CSIF, únicamente afecta a "8.500 mujeres en edad de gestación" de las 38.000 que trabajan en la Administración General y de las 400.000 empleadas en el conjunto de las administraciones públicas.
"Es un permiso que sólo cubre a un colectivo muy limitado de mujeres, madres y funcionarias del Estado que genera desigualdad desde el inicio", ha alertado la secretaria de Igualdad de CSIF, que ha reclamado que se haga "extensivo" al personal laboral y al del resto de administraciones públicas.
Mur ha aprovechado para denunciar la desigualdad salarial de las empleadas públicas respecto a los hombres, pues la gran mayoría de las que tienen hijos (el 88%) opta por la conciliación y, por tanto, quedan fuera de cualquier complemento variable. Para ello ha reclamado las denominadas 'bolsas de conciliación' para garantizar flexibilidad horaria a los funcionarios "sin tener que llegar a los juzgados".
Tanto CSIF como CEP han reclamado la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas, que "lleva seis años de retraso", y la eliminación del límite de trece semanas adicionales para las madres cuyos hijos permanecen hospitalizados tras el parto.
PROBLEMAS DE CONCILIACIÓN EN LA POLICÍA
La secretaria de Igualdad de la Confederación Española de Policía ha manifestado los problemas de conciliación de la vida personal y laboral hombres y mujeres de este cuerpo. De esta forma, ha reclamado la flexibilidad de los horarios de trabajo, sólo reservada para policías con hijos menores de doce años o que tienen a su cargo a familiares enfermos o con discapacidad.
Pérez ha reclamado también la aplicación de una circular de la Policía de diciembre de 2015 en la que se dispone que el establecimiento de servicios, cambios horarios o turnos se realice con "suficiente antelación" para que estos funcionarios se puedan organizar y evitar que quienes tienen hijos "tengan que hacer malabares".