Cae una de las bandas más activas de España, acusada de 73 delitos

Según ha informado hoy la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, la operación "Secuoya" ha permitido esclarecer la comisión de 73 delitos y ha desarticulado una de las bandas delictivas más activas de España.

La investigación comenzó el pasado mes de septiembre tras un robo en una gravera de Fuentidueña de Tajo (Madrid), en la que un grupo de asaltantes amordazó al vigilante.

Los agentes determinaron que sus autores pertenecían a una de las dos bandas responsables de varios delitos cometidos en Madrid, Guadalajara, Zaragoza, Castellón, Alicante y Sevilla, que conformaban dos grupos perfectamente jerarquizados cuyos jefes obedecían órdenes de un jefe superior, quien coordinaba sus acciones pero que no participaba en los robos.

Los miembros de los grupos tenían tareas específicas y tomaban fuertes medidas de seguridad para evitar ser controlados.

Su manera de actuar era siempre la misma: forzaban las cerraduras de los locales mediante sofisticadas herramientas y, con ayuda de inhibidores de frecuencias, neutralizaban las alarmas.

La Guardia Civil detuvo a ocho personas a las que se les imputan hasta 16 delitos de robo con fuerza, robo con violencia e intimidación, falsificación de documentos y otro de asociación ilícita.

Uno de los detenidos obligaba a su novia, menor de edad, a prostituirse en un local de alterne de Guadalajara, por lo que también se detuvo al dueño de este establecimiento por delitos de prostitución y corrupción de menores.

En los registros efectuados en Meco (Madrid) y Trijueque (Gualadajara) se hallaron varios inhibidores de frecuencias, herramientas especiales para el forzado de cerraduras y varias botellas de alcohol y tabaco sustraídos en los bares desvalijados.

Paralelamente a esta operación, la Guardia Civil supo de la existencia de un tercer grupo delictivo, responsable de robos en urbanizaciones en construcción y en varios locales y vehículos de una localidad soriana.

A este tercer grupo se le imputó el robo de combustible mediante tomas ilegales en un oleoducto que discurre por el sur de la Comunidad de Madrid, que habían sido denunciadas por la compañía que gestiona esta infraestructura.

En las tomas ilegales, muy bien camufladas con el entorno, los autores habían colocado varias trampas para que les alertaran de su detección por parte del personal de la compañía o de la Guardia Civil.

Los ahora detenidos revendían a bajo coste el combustible que sustraían, lo que hacían instalando grifos a gran distancia del lugar del "pinchazo" para minimizar las sospechas.

La Guardia Civil detuvo a los cuatro integrantes de esta banda y registró una nave industrial en Velilla de San Antonio (Madrid) en la que almacenaban el combustible.

A esos cuatro arrestados se les imputan 10 delitos de robo con fuerza, 10 delitos de riesgo, uno de asociación ilícita, otro de robo de vehículo a motor y 28 de robos con fuerza en edificios en construcción.

Ante las numerosas pérdidas de combustible en las tomas ilegales realizadas, también se les imputan la comisión de ocho delitos contra el medio ambiente.

A continuación, la Guardia Civil detuvo a seis personas que recibían el material robado por los integrantes de las tres bandas.

Todos ellos, salvo uno de los receptadores, son de origen rumano, y vivían en diferentes localidades de Madrid y Guadalajara.