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Cáritas insta a Sanidad a una "reflexión profunda" sobre la medida de cobrar a inmigrantes sin papeles por ser atendidos

Cáritas Española insta al Gobierno y a los partidos políticos a una "reflexión profunda" sobre las consecuencias de las decisiones tomadas sobre el derecho a la salud y las consecuencias del Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud aprobado en el Congreso y ante la propuesta de la última medida que exigirá a los inmigrantes en situación irregular pagar por ser atendidos en la sanidad pública.
En este sentido, Cáritas advierte de que estas decisiones "están siendo tomadas sin la debida reflexión que permita la evaluación del impacto sobre el sistema de garantías de derechos en el que se sustenta la sociedad, ni de su repercusión sobre los ciudadanos más débiles" a los que, según recuerda, "también el Estado debe garantizar sus derechos fundamentales".
Además, muestra su "honda preocupación" por "el impacto que va a tener en las personas a las que acompaña la aplicación de esta medida", sobre la que también se ha manifestado Cáritas Europa y otras organizaciones en la declaración 'El acceso a la asistencia sanitaria es un derecho humano básico'.
Para la labor social de la Iglesia Católica, estas medidas suponen "un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a las personas más desprotegidas, tanto a ciudadanos españoles como a ciudadanos comunitarios" pues "modifica los requisitos para obtener autorización de residencia, aumenta la estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social, así como de los ciudadanos extracomunitarios en situación irregular".
Según apunta, la exclusión del sistema sanitario de los inmigrantes en situación irregular va a añadir "un sufrimiento muy severo" a un colectivo "especialmente vulnerable" y muy presente en la acción diaria de Cáritas que, según reclaman, "no puede ser sacrificado con el argumento de la eficiencia".
Además, ante el "incremento de la irregularidad sobrevenida por la falta de empleo y la dificultad en la renovación de autorizaciones o de acceso al arraigo", Cáritas considera que se debe favorecer la articulación de una sociedad de acogida, integrada y diversa, en vez de aplicar estas medidas que "alimentan un discurso reduccionista y lleno de riesgos, según el cual las personas migrantes que conviven y forman parte de las comunidades son los responsables del deterioro socioeconómico actual, en vez de considerarlas las primeras y principales víctimas del mismo".
Asimismo, teme que estas medidas sean "el inicio de una dualización del sistema sanitario" que supone ofrecer a los ciudadanos una cobertura distinta según el grupo de población al que se pertenezca y alerta de que "de manera no explícita se están sentando las bases para que surja un sistema estatal paralelo de beneficencia para las personas más vulnerables" una fórmula hacia la que Cáritas ha manifestado reiteradamente su rechazo y que define como "poco realista en cuanto a eficiencia y ahorro".
Por todo ello, Cáritas española "defiende y reclama, de nuevo, el derecho a la salud de las personas más vulnerables" y pide que no se ponga en cuestión la garantía del respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la población.