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Cáritas estima que harán falta siete años para que los hogares sin ingresos desciendan a niveles de antes de la crisis

El informe de FOESSA constata una salida de la crisis a dos velocidades
Unos 720.000 hogares españoles no reciben ningún ingreso, una cifra que no desciende de los 700.000 desde 2012, y harán falta siete años más para que este número disminuya hasta niveles de antes de la crisis --en 2009, cuando se produjo el primer impacto, eran 497.200--, según revela el informe anual 'Análisis y Perspectivas 2016' elaborado por la Fundación FOESSA, que muestra un país a dos velocidades en términos de exclusión social.
"La intensidad de la recuperación es insuficiente para reducir la brecha que se ha abierto. Al ritmo actual, alcanzar las cifras de hogares sin ingresos anteriores a la crisis, ya elevadas de por sí, puede suponer siete años", advierten los autores del informe.
Bajo el título 'Expulsión social y recuperación económica', el estudio se fija en una serie de indicadores --renta, desigualdad, pobreza y desempleo-- para constatar que, a pesar de que los recientes datos oficiales reflejan una ligera disminución de la pobreza y de la exclusión social, la reducción de la pobreza en periodos de crecimiento no compensa el aumento de la misma en los periodos recesivos.
Se trata, según ha explicado la directora de Incidencia, Comunicación y Sensibilización de Cáritas Española, Natalia Peiro, del proceso "contracíclico". "Ante periodos de recesión económica, la pobreza aumenta rápidamente; sin embargo, en fases de crecimiento no desciende en la misma medida e incluso permanece estancada", ha subrayado.
En este sentido, el informe alerta de que la probabilidad de que aumente la bolsa de la exclusión social, a pesar del crecimiento económico, es "tremendamente elevada". "A pesar del aumento de la marea, va a haber más barcos de los que había varados en el fondo", ha señalado el miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESSA Guillermo Fernández.
Además, la velocidad de salida de la crisis es distinta por Comunidades Autónomas incrementándose las diferencias en el eje norte-sur. Así, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias e Islas Baleares se encuentran en peor situación ante la salida de la crisis, frente a Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón.
Atendiendo al indicador de renta, el informe pone de manifiesto que los ingresos han caído "espectacularmente" desde el primer impacto de la crisis, con una reducción superior al 10% pero las regiones con mayor renta media inicial han experimentado menores caídas.
SE HUNDEN LAS RENTAS MÁS BAJAS
Además, la reducción de las rentas medias ha provocado un "hundimiento" de las rentas más bajas, generando una mayor desigualdad. Concretamente, en la mayor parte de las CCAA el 20% más rico de la población está soportando mejor la crisis frente al 20% más pobre, siendo Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha donde mayor ha sido la caída para los que menos tienen. Solo en dos CCAA, Aragón y Galicia, ha crecido la renta de los más ricos.
En cuanto al índice de pobreza, el informe ancla el umbral de este indicador en el año 2009 y observa que ha aumentado el riesgo de pobreza en todas las CCAA, con una variación media anual a nivel nacional del 9%.
El desempleo es otro de los indicadores para medir si las personas más vulnerables están sintiendo el fin de la recesión. Por ello, el informe analiza la evolución de los hogares con todos los activos en paro --ninguna comunidad ha conseguido regresar a niveles anteriores a 2009--, los hogares sin ingresos --los mayores incrementos se registran en Asturias, Navarra y Galicia-- y aquellos donde sufren paro de larga duración --en 14 CCAA, 4 de cada 10 desempleados se encuentran en esta situación--.
UNA PROPUESTA CON UN COSTE DE 10.000 MILLONES DE EUROS
En cualquier caso, Cáritas advierte de que la creación de empleo no es suficiente. Por ello, lanza a los políticos una propuesta para la que estiman necesaria una inversión de 10.000 millones de euros para garantizar la adecuada protección de tres colectivos que han sido "insuficientemente protegidos" durante la recesión: hogares en pobreza severa, trabajadores pobres y familias con hijos a cargo.
Concretamente, sugieren crear una renta garantizada para los hogares sin ingresos, una medida que tendría un coste de entre 2.700 y 3.600 millones de euros; extender la renta garantizada a través de un programa de bonificación al empleo, con un coste de entre 2.300 y 5.200 millones de euros; y ampliar la cobertura de la actual deducción fiscal reembolsable para familias numerosas, personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos, con un coste de unos 7.000 millones.
"El mantenimiento del sistema de bienestar tiene un coste, nosotros queremos que el sistema fiscal sea lo más progresivo posible. Pero hay que preguntarse: '¿queremos salir de esta situación solos o colectivamente, ayudándonos los unos a los otros?'", ha planteado Guillermo Fernández.