SALUD VACUNAS

Catedráticos de Salud Pública españoles piden una moratoria en la vacuna del virus del papiloma

Más de la mitad de los catedráticos de Salud Pública de las universidades españolas han firmado un manifiesto en el que piden una moratoria de la vacuna contra el virus del papiloma humano.

El manifiesto lo promueve el Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS), una asociación científica sin ánimo de lucro que aglutina a expertos en salud.

Fuentes del CAPS han señalado a Efe que al manifiesto se han sumado casi 8.200 personas, la mayoría profesionales sanitarios, que piden que se interrumpa la vacunación para hacer un seguimiento de las posibles reacciones adversas que se han producido, y abrir un debate transparente y riguroso sobre esta cuestión.

El manifiesto, que se puede leer en la web caps.pangea.org, se pregunta por qué se ha decidido vacunar a las niñas contra el virus del papiloma humano (VPH) pese a las dudas que existen, más que razonables, sobre su eventual capacidad y eficiencia para prevenir un número sanitariamente relevante de muertes por cáncer de cérvix en mujeres españolas, en relación a las actuales prácticas preventivas.

El documento denuncia que los ensayos sobre la vacuna "no han podido ver su efecto en la prevención del cáncer porque tarda años en desarrollarse", y recuerda que hay posibilidades reales de cortar el proceso antes de su desarrollo, con la inmunidad natural y con el cribado de lesiones precancerosas y su tratamiento.

Además de argumentar la falta de eficacia científica de la vacuna, los firmantes tampoco entienden cómo se ha decidido vacunar a pesar del precio de las dosis (casi 500 euros por persona), que implica un coste anual de 125 millones de euros.

Han calculado que para cuando se empiecen a prevenir los primeros casos de cáncer de cuello uterino, dentro de más 30 años, el Sistema Nacional de Salud se habrá gastado unos 4.000 millones de euros, "sólo en esta vacuna".

También sostiene que, dentro de 30 años, prevenir una sola muerte por cáncer de cérvix "habrá costado a la sanidad pública 8 millones de euros", sin ahorrar nada en el programas de detección precoz por citología y tratamientos, que también deben seguir las vacunadas.

Se añade que lo abultado de las cifras arroja serias dudas sobre el costo-beneficio de la medida, y se preguntan qué se dejará de hacer en atención sanitaria para poder pagar esta vacuna.

En 2005 hubo en España, según el Instituto Nacional de Estadística, 594 fallecimientos por cáncer de cuello de útero, lo que supone una tasa de 2 muertes por 100.000 mujeres, con una edad media de defunción de 63 años, una cifra de las más bajas de Europa.

Según la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, de todas las muertes por cáncer femenino en España, el de cérvix está muy por detrás de los de colon y recto, estómago, bronquios y pulmones, y el 80% de las afectadas nunca se había hecho una citología.

Añade que el 85% de las muertes por cáncer de cérvix se dan en países en vías de desarrollo, y que en los países desarrollados ya no son una seria amenaza por las campañas de diagnóstico precoz.

Uno de los catedráticos firmantes ha declarado a Efe que "la presión de la industria es una mala manera de hacer política sanitaria, y que desde fuera, sólo se entiende este interés por presiones económicas, porque realmente, en España no hay necesidad de la vacuna".

Ha recordado que la industria farmacéutica y las compañías promotoras llevan años desarrollando estrategias para crear un clima de opinión favorable, exagerando los riesgos para convencer de que existe un problema, para el que ellos tienen luego la solución.

En el manifiesto se dice, además, que el escándalo reciente de la terapia hormonal sustitutoria para la menopausia, y la evidencia de que la industria escondió durante 30 años graves efectos secundarios del tratamiento de una "enfermedad" previamente inventada, "no coloca a este sector en una situación de gran credibilidad pública como garante de nuestra salud".

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