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Ciudadanos propone en el Congreso cambiar la ley para que las pymes y las ONG no paguen tasas judiciales

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado una proposición de ley en el Congreso para eximir a las pymes y a las ONG del pago de las tasas judiciales porque en el primer caso "no se tiene en cuenta su capacidad económica", y en el segundo se trata de entidades sin fines lucrativos que "defienden intereses colectivos dignos de protección".
Así lo ha justificado el portavoz adjunto de C's en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Marcial Gómez, quien ha recordado que en el régimen de tasas judiciales aprobado en esta legislatura no se tienen en cuenta "criterios de proporcionalidad ni la capacidad económica del justiciable".
Con su proposición de ley, Ciudadanos quiere que el Pleno del Congreso discuta la modificación del sistema establecido por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, para que queden exentas aquellas entidades que se aplican el régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, así como los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión.
Sobre las pymes, Gómez ha señalado que, dada la actual crisis económica, muchas de ellas "no puedan acceder a la Justicia al no tenerse en cuenta su situación financiera". En cuanto a las ONG, ha indicado que el hecho de que tengan que pagar tasas supone "un debilitamiento del mecanismo para hacer valer derechos constitucionales y estatutarios".
En febrero de 2015, el Gobierno modificó la ley de 2012 para incluir entre las exenciones, desde el punto de vista subjetivo, a las personas físicas. Si se aceptara la iniciativa de Ciudadanos, quedarían exentas del pago de las tasas las personas físicas, las entidades total o parcialmente exentas en el Impuesto sobre Sociedades, las ONG y las pymes.
EFECTO DISUASORIO
La formación naranja considera que las tasas judiciales son demasiado altas y que, "más allá de la finalidad recaudatoria, parecen pretender un efecto disuasorio que colisiona frontalmente con derechos de protección constitucional".
Por eso, Gómez ha afirmado que, en general, "quien puede pagar la tasa recurrirá sin tener en cuenta la solidez de su pretensión, mientras que si el interesado sufre dificultades económicas para soportar la tasa, podría no recurrir dado el futuro incierto del fallo".