Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El Colegio de Abogados rehabilitará a los letrados represaliados en el franquismo

El presidente del Gobierno provisional de la II República Española, Niceto Alcalá-Zamora. EFE/Archivotelecinco.es
El Colegio de Abogados de Barcelona, en una iniciativa pionera en España, anulará las sanciones y las expulsiones de letrados por motivos políticos en los inicios del franquismo, entre los que figuran el presidente de la República Niceto Alcalá Zamora y el de la Generalitat Lluís Companys.
Según ha informado hoy la entidad, esta iniciativa para reparar el honor de los abogados represaliados por el franquismo la ha propuesto la Comisión de la Memoria Histórica del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).
Concretamente, la Junta del Colegio ha acordado que serán anuladas las sanciones por motivos políticos impuestas por la institución a sus abogados, entre el 15 de junio de 1939 y octubre de 1943.
También se dejarán sin efecto las bajas colegiadas de los abogados que, por motivos políticos, fueron expulsados de la institución, en una decisión que se notificará a los afectados y a sus sucesores.
La Comisión de la Memoria Histórica, en colaboración con la Fundación Carles Pi Sunyer de Estudios Económicos y Locales, realizará una base de datos para disponer de la información de los colegiados represaliados e iniciar los expedientes de reparación de su honor.
Entre los abogados del Colegio de Barcelona que fueron represaliados, cuyos nombres figuran en listas que se publicaron en periódicos catalanes de la época, destacan el presidente de la República Niceto Alcalá Zamora y el de la Generalitat Lluís Companys.
En una acta del Colegio de Abogados de Cataluña, fechada en abril de 1940, se acordó constituir un tribunal para la "depuración política y profesional" de sus miembros, al considerar hechos atentatorios a la ética profesional "todos los realizados contra el Gobierno Militar", así como el haber ostentado cargos en "organismos marxistas".
El Colegio acordó también abrir expediente a los letrados que hubieran sido designados en cargos oficiales después del 18 de julio de 1936 "hasta la liberación de Barcelona", o que hubieran residido en el extranjero durante ese período sin pasar a la "zona liberada".