Comunidad Valenciana afirma que no ha habido "ningún problema de asistencia" a inmigrantes irregulares

El pasado 1 de septiembre entró en vigor la norma del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, que supone el dejar sin tarjeta sanitaria a los más de 153.000 inmigrantes que están en situación irregular en España.

Rosado ha hecho estas declaraciones momentos antes de asistir a la reunión del Consejo Interterritorrial de Salud (CISNS), que reúne a los consejeros autonómicos y que preside la ministra, Ana Mato. En la reunión se espera que los consejeros autonómicos del ramo ratifiquen el proyecto que establece los requisitos básicos del Convenio Especial de Prestación de Asistencia Sanitaria a suscribir por personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En esta línea, Rosado ha afirmado que en la Comunitat, un total de 130.000 personas han solicitado acogerse a convenios especiales de asistencia sanitaria para que las personas no aseguradas ni beneficiarias puedan acceder a la sanidad pública, y que se ha señalado en un coste de entre 710,4 euros al año (59,2 euros mensuales) y 1.864,8 euros (155,4 euros mensuales).

Asimismo, el conseller ha recalcado que a pesar de no haber registrado incidencias en la Comunitat, ha instado a los solicitantes a que regularicen su situación, para que "puedan recibir la prestación gratuita como el resto de ciudadanos".

Por otro lado, ha indicado que en la reunión de este miércoles no se tratará ningún asunto que suponga un cambio "importante" en el sistema, sino "asuntos de oficio", por lo que ha tildado al encuentro de ser "razonablemente consensuado".