Conde-Pumpido aboga por un cambio en el sistema "disfuncional" de juez que investiga y protege

El Fiscal pronunció la conferencia inaugural del curso académico en la Escuela Gallega de Administración Pública titulada "El fiscal garante de la legalidad administrativa", en la que se refirió a la "confusión" que genera un sistema que invierte los términos de su propio funcionamiento y que adolece de "esquizofrenia funcional".

Así, explicó que el juez es el que "construye las bases de la acusación contra determinadas personas pero al mismo tiempo debe proteger los derechos de los investigados frente a posibles excesos del investigador, que casualmente es él mismo".

En algunas ocasiones, continuó, esta situación deriva en que "se vuelven las tornas" y se produce la "paradoja" de que los ciudadanos sometidos a un proceso acuden al fiscal para denunciar al juez que vulnera sus garantías procesales.

Las funciones y finalidades del Ministerio Público, integrado por más de 2.200 personas, sirvieron de marco a una conferencia que apuntó la "ignorancia" y "profundo desconocimiento" que existe acerca del mismo por representantes públicos e informadores, así como la importancia de la especialización de los fiscales en aras de una mejor garantía de efectividad de cada derecho.

Así, algunos sectores ven al fiscal como el "acusador implacable" y están "convencidos de que debería serlo" hasta que "les toca a ellos", pero la Constitución lo que le exige es la actitud comprometida y "difícil" de defender la legalidad conforme al interés general y bajo el principio de imparcialidad.

Por ello también puede ser defensor, argumentó Conde-Pumpido con el ejemplo del proceso seguido contra el lehendakari Juan José Ibarretxe y el líder socialista Patxi López, por reunirse con miembros de Batasuna, que concluyó con una "sentencia absolutoria por entender que no había motivos para la acusación".

Entre los tres planos en los que se proyecta la acción fiscal se encuentra el de garante de la legalidad administrativa, donde es pionero por asumir directamente y con legitimación propia la protección de derechos ante el Tribunal Constitucional.

Así, es parte en todos los recursos de amparo interpuestos por los ciudadanos que, en 2007, formularon 4.182 (42,5%) contra resoluciones contencioso-administrativas.

Según el informe aprobado por el Consejo Fiscal, más del 25 por ciento del total de recursos de amparo ante el Alto Tribunal se basa en cuestiones relativas a la inmigración o extranjería, una "proporción abrumadora" de recursos que "carecen de contenido efectivo" y "su existencia no es conocida" muchas veces por el recurrente que, con frecuencia, no está ya en España.

Por ello se les conoce como "recursos virtuales" que no benefician a nadie, o quizá a "aquellos que van a recibir la retribución", pero que sí "perjudican la capacidad de respuesta y calidad de la justicia administrativa y constitucional.

Además, Conde-Pumpido aludió a las 12 ocasiones en las que el Ministerio Público "cerró el paso" a la presentación de partidos o candidaturas vinculadas a la actividad terrorista "hasta erradicar por completo el vestigio de la acción violenta" en el País Vasco.

El segundo plano de la acción fiscal es el de su intervención en procesos en los que se ven afectados derechos fundamentales, y el tercero el control transversal como defensor de la legalidad, donde radica la necesidad de la especialización para poder seguir de forma exhaustiva las materias y darle una solución uniforme.

Para ello, una veintena de especialidades que integran las Fiscalías antiterrorista, antidroga y anticorrupción, junto a otras materias, se encargarán de mantener un nivel de respuesta acorde con el nivel de excelencia y su visión puede "revolucionar el derecho mutando su aspecto gris por su verdadera naturaleza de motor de cambio y desarrollo social".