La Confederación Hidrográfica del Tajo tiene ocupados más de 660 inmuebles sin cobrar nada y sin cumplir la ley

El Tribunal de Cuentas ha detectado que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) tiene ocupados más de 660 inmuebles por su personal y terceros ajenos sin cobrar nada por ello y sin cumplir la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, según denuncia el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de los años 2008 a 2010.

En su informe, que acaba de ser remitido a las Cortes y a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, se relata que la CHT dispone de, al menos, 737 inmuebles ocupados por personal del organismo y por terceros ajenos, sin que conste, en la mayoría de los casos, título alguno de la cesión en uso. En su mayoría son viviendas, según apunta y, únicamente en el 10,3 por ciento de los inmuebles ocupados existe una contraprestación económica por parte del cesionario, teniendo las restantes cesiones un carácter gratuito (los más de 660 inmuebles restantes).

La situación de los inmuebles pone de manifiesto, según el órgano fiscalizador, que la CHT no ha cumplido algunos de los preceptos contenidos en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que permite a los organismos públicos ceder a terceros los bienes que le adscribe al Administración General del Estado para el cumplimiento esporádico o temporal de fines, pero requiere para ello un acto formal de autorización por parte de su presidente.

La normativa también permite la cesión gratuita de bienes en uso, pero siempre y cuando los cesionarios sean comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utilidad pública.

"La CHT desconoce, en la mayoría de casos, el uso o aprovechamiento obtenido por los beneficiarios y no dispone de un archivo o registro con los títulos u otros documentos en que pudieran ampararse las cesiones de los inmuebles propios o adscritos", añade el estudio.

Por ello, en el capítulo de recomendaciones, el Tribunal de Cuentas sugiere a la Confederación que revise la situación de los inmuebles ocupados y adecue a la normativa reguladora el título en que pueda ampararse la cesión y otros que justifiquen el uso privativo o aprovechamiento especial, estableciendo, en su caso, el pago de una contraprestación adecuada, y dejando constancia en el oportuno expediente.

Además cree que, dado que en su mayoría han sido adscritos al organismo, éste tendría que poner en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda (DGPE) la situación de los bienes adscritos.

LAS CUENTAS NO REFLEJAN SU SITUACIÓN

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas censura en su informe que las cuentas anuales de los ejercicios 2008, 2009 y 2010 rendidas por la Conferencia Hidrográfica del Tajo (CHT) no reflejan "la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial, así como del resultado de sus operaciones y de la liquidación del presupuesto".

No obstante, apunta que en 2011 se adoptaron medidas tendentes a corregir esta situación, en el marco de la adaptación contable al nuevo Plan General de Contabilidad Pública, que entró en vigor ese año.

Igualmente, concluye que el organismo fiscalizado no dispone de un inventario de bienes que recoja todos los elementos que integran su inmovilizado (inversiones destinadas al uso general e inmovilizados material e inmaterial), atribuya a cada uno su valor y especifique las características y datos necesarios para el cumplimiento de los fines que persigue, según se establece en los principios contables públicos.

En otra de sus conclusiones resalta que el saldo de la cuenta de 'Infraestructuras y bienes destinados al uso general' está "sobrevalorado" en un importe de 8,81 millones de euros, como consecuencia "de la activación en esta cuenta de gastos de conservación y mantenimiento que debieron ser regularizados con cargo a resultados".

También está "sobrevalorado" el inmovilizado inmaterial por incorporar los gastos de asistencias técnicas, estudios, proyectos y servicios de obras que deben formar parte del coste de las infraestructuras construidas o considerarse gastos del ejercicio en que se realizan.

DEUDORES POR 171,5 MILLONES

A cierre de 2010, la partida de deudores presupuestarios asciende a 171,54 millones de euros, saldo del que forman parte derechos derivados de liquidaciones contraídas antes de 2007, por importe de 6,84 millones de euros, de los que 3,52 millones corresponden a liquidaciones de 2005 y 2006, recurridas en vía contencioso administrativa por el Canal de Isabel II.

El resto (3,31 millones) se corresponde con liquidaciones de las que no consta que se hayan efectuado gestiones para su cobro por corresponder, en su mayor parte, a corporaciones locales y otras entidades del sector público, "por lo que podrían haber prescrito".

A su vez, el Tribunal de Cuentas detecta que la partida relativa a 'Patrimonio entregado al uso general' recoge un "exceso" de, al menos, 151,23 millones de euros. Por otra parte, apunta a la entrega de inversiones, por importe de 150,05 millones de euros, en las que se encontraban contabilizados gastos de mantenimiento y conservación de las infraestructuras "que no debieron ser activados" y debieron considerarse "resultados negativos de ejercicios anteriores".

También apunta a que el 'Patrimonio entregado en cesión' no recoge, al cierre de 2010, dos infraestructuras cedidas en uso por la CHT, por un importe de 31,71 millones de euros, al mismo tiempo que avisa de que la CHT considera "incorrectamente" como operaciones comerciales ingresos de naturaleza tributaria, entre los que se encuentra el 'canon de regulación', por ejemplo.

RECOMENDACIONES

En los ejercicios fiscalizados resalta también que la CHT presenta sin contenido el balance de resultados e informe de gestión que acompaña al estado de liquidación del presupuesto, carece de indicadores para medir la eficacia de los objetivos de los programas y no efectúa una medición del coste, en términos de gasto presupuestario, de las actuaciones realizadas para la consecución de los objetivos, "información que deben presentar los centros gestores del gasto".

El Tribunal de Cuentas aconseja a la CHT aprobar un manual de procedimiento interno para conseguir una adecuada celeridad y eficacia en la aplicación del régimen sancionador, y evitar así los casos de caducidad y de prescripción.

Finalmente, cree que la CHT debería constituir un registro en el que se hagan constar las denuncias o comunicaciones de posibles infracciones, así como las inspecciones ordinarias de control realizadas por la Guardería fluvial y la resolución, en su caso, de los procedimientos sancionadores.