El Congreso pide al Gobierno que evalúe estos nuevos años del sistema de dependencia para optimizar su futuro

La votación se ha saldado con la abstención de UPyD y el voto en contra del resto de formaciones políticas. El PSOE y CiU han presentado enmiendas a la iniciativa 'popular' aunque finalmente no ha habido acuerdo. Los socialistas reclamaban más concreción en la evaluación que quiere hacer el PP, además de que se tuviera en cuenta cuál ha sido "el impacto" del decreto de 2012, así como los copagos.

La diputada del PSOE Guadalupe Martín ha avisado además de que sigue habiendo personas pendientes de recibir su prestación. "Pregunten a los dependientes y a sus familiares, a los profesionales, que han visto tantos despidos por los recortes introducidos y no lo demoren mucho tiempo porque muchos ciudadanos con derecho reconocido pueden morir esperando una prestación que no les llega", ha indicado.

Desde CiU, su portavoz en la materia, Carles Campuzano, ha pedido que se revise el modelo de financiación de la dependencia para garantizar "la suficiencia" del sistema. "No puede ser que el 80% del gasto sea soportado por las comunidades autónomas", ha criticado.

TRABAJAR POR EL FUTURO DEL SISTEMA

En defensa de la iniciativa, la 'popular' Macarena Montesinos ha recordado que, con la inclusión de los dependientes moderados, la ley ya llevará nueve años en vigor "y se habrá cumplido el calendario establecido en la disposición final primera".

Así, el PP insta al Gobierno en su iniciativa a realizar un estudio sobre lo que ha supuesto el desarrollo de la Ley, una vez finalizado su periodo de implantación, con el objeto de que sus conclusiones sienten las bases para modificar aquellos aspectos que se evidencien como mejorables y poder sentar las bases de trabajo posterior, de acuerdo con el resto de grupos políticos y agentes involucrados

A su juicio, esta norma supuso un "paso fundamental" en la atención de las personas dependientes y un avance del Estado social consagrado en la Constitución Española. "Con esta ley se estableció un derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad; y que permite a las personas dependientes acceder a las prestaciones y servicios establecidos en la ley", agrega.

Según recuerda el PP, la citada ley fue aprobada por la mayoría de fuerzas políticas de esta Cámara a excepción de los grupos nacionalistas.

"Se alcanzó un alto grado de consenso en un tema que nos concierne y preocupa a todos, y que supone una mejora evidente en la atención y en la calidad de vida de personas que no se pueden valer por sí mismas, así como de los servicios sociales", añade, al tiempo que precisa que, en la actualidad hay 743.767 beneficiarios.

El diputado del PNV, Emilio Olabarria, ha criticado que no haya consignaciones presupuestarias para acompañar a los nuevos 300.000 dependientes que se incorporan al sistema en julio, al mismo tiempo que ha criticado el "incumplimiento sistemático" de la ley de dependencia en estos últimos nueve años. También ha dicho que se vulnera y se vacían de contenidos las competencias autonómicas en el sistema.

Mientras, Caridad García Álvarez, de la Izquierda Plural, ha lamentado que desde el PP no hayan querido escuchar ni a las familias ni a las personas en situación de dependencia y el sistema lo hayan hecho totalmente "inviable".

La diputada de ERC, Teresa Jordà, ha criticado que la dependencia debería ser un derecho. "Ustedes saben del sufrimiento que están generando en las personas con discapacidad, con los gastos, en sillas de ruedas, en adaptadores para el baño", ha subrayado.