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El Congreso insta al Gobierno a unificar reglas para las tarjetas de aparcamiento de discapacitados

Pide al Gobierno que estudie la regulación de los asistentes personales de las personas dependientes
La Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados ha dado luz verde por unanimidad a una iniciativa impulsada por el PP y pactada con el PSOE por la que se pide al Gobierno que unifique unas reglas comunes para todas las comunidades autónomas a la hora de obtener y hacer uso de las tarjetas de estacionamiento para las personas con discapacidad, ante la disparidad normativa entre las comunidades.
El texto aprobado urge al Gobierno "a aprobar a la mayor brevedad posible el real decreto por el que se regulan las condiciones básicas y comunes de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad con el fin de garantizar la igualdad y la seguridad jurídica de cualquier ciudadanos con discapacidad en todo el territorio nacional".
"Esta situación provoca una doble discriminación hacia las mismas", según el PP, ya que por un lado se enfrentan a su especial condición personal y por otro a la diferenciación por razón del lugar de residencia.
Es más, sostiene que esta falta de coordinación ha traído un reconocimiento "desigual" de los derechos de estas personas y sus familias, en función del territorio en el que viven, dándose la paradoja que con la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida expedida por un ayuntamiento o comunidad no sirva para otro lugar que a su vez emite la suya.
LA FIGURA DEL ASISTENTE PERSONAL
Asimismo, la Comisión de Discapacidad ha aprobado, con el apoyo de PP y CiU y el rechazo del PSOE, una iniciativa que reclama al Gobierno un análisis de la regulación de las cualificaciones profesionales del asistente personal, teniendo en cuenta las opiniones de los diferentes sectores implicados, entre ellos, el de las organizaciones dedicadas a la discapacidad.
Según denuncian los 'populares' existe un vacío legal en torno a la figura del asistente personal que provoca que las personas que se dedican profesionalmente a las tareas de asistencia se encuentren en un régimen de trabajo que no es acorde con su desarrollo laboral diario, ya que tienen que acogerse a convenios profesionales dentro del sector que no se ajustan a su perfil de trabajo.
"Pese a la contratación de estas personas, en la actualidad lacualificación profesional de asistente personal carece de perfil profesional con reconocimiento oficial, este vacío legal, es uno de los factores que está impidiendo la extensión de esta figura entre las personas con discapacidad, es decir, se está produciendo una situación de inseguridad jurídica y laboral, que influye en las escasas contrataciones realizadas", agrega el PP.
DISCAPACIDAD Y MIR
A su vez, esta comisión ha dado luz verde, y por unanimidad, a un punto de una proposición no de ley del PSOE sobre el acceso de las personas con discapacidad a la formación como Médicos Internos Residentes (MIR).
En ella, se solicita al Ejecutivo que se ponga a disposición de los estudiantes de Medicina con discapacidad, en cada una de las fases de su proceso formativo, los ajustes razonables para garantizar su igualdad de oportunidades y la ausencia de toda discriminación; así como que se les informe de las limitaciones futuras que pudieran tener a pesar de los mencionados ajustes.
Por otro lado, la Comisión de Discapacidad, con los votos del PP, ha rechazado una proposición no de ley del PSOE que proponía la creación de una ley específica para personas con discapacidad. Así, la portavoz socialista en materia de discapacidad, Laura Seara, ha denunciado el abandono del Gobierno a las personas con discapacidad, a la vez que ha rechazado que la actual reserva de tan solo 65 plazas para personas con discapacidad en la oferta de empleo público es "totalmente insuficiente".
Además, y con el voto 'popular' se ha tumbado una propuesta de CiU en la que se pedía una modificación de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, con el fin que las personas en situación de dependencia sean oficialmente valoradas con un grado mínimo de discapacidad del 33%.
La diputada de Sanidad y Discapacidad de CiU, Conxita Tarruella, ha explicado que en la actualidad hay dos expedientes administrativos diferentes para los casos de discapacidad y los de dependencia. "Tenemos muy claro que no son términos que se puedan considerar sinónimos. Una persona con una discapacidad no tiene por qué estar siempre en situación de dependencia. En cambio un dependiente necesita una ayuda para poder desarrollarse", ha señalado.