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El Congreso insta al Gobierno a trabajar para que en la formación laboral de personas sordas haya intérpretes de signos

La Comisión de Discapacidad del Congreso ha dado luz verde a una iniciativa que ha sido respaldada por todos los grupos parlamentarios, a instancias de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que insta al Gobierno, en colaboración con el resto de administraciones públicas, a trabajar con el fin de adoptar las medidas necesarias para que tanto en la formación en el empleo, como en la formación continua, se promuevan cursos a los que puedan acceder personas con una minusvalía como la sordera, teniéndose que incluir para ello dentro de los mismos a intérpretes de lenguas de signos.
Asimismo, se ha aprobado otra proposición no de ley que insta al Gobierno a seguir impulsando medidas para hacer frente a las deudas contraidas por las administraciones públicas con las organizaciones tercer sector y en concreto, conforme al decreto de 2013, se desarrolle el procedimiento más inmediato a las obligaciones pendientes de pago referidas a los conciertos suscritos en materia de servicios sociales, los convenios de colaboración, así como las transferencias a las asociaciones sin fines de lucro y sociales.
Se trata de una proposición no de ley que ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a instancias de UPyD.
La Comisión de Discapacidad ha aprobado también una iniciativa que insta al Gobierno a estudiar a lo largo de la legislatura las necesidades y la problemática específica de las personas trasplantadas, en relación a la valoración del grado de discapacidad, así como a adoptar en su caso las medidas correctoras que permitan la integración sociolaboral de estas personas, dando participación al movimiento asociativo y a las comunidades y ciudades autónomas, con el objetivo de aunar criterios.
Igualmente, propone culminar la actualización del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad establecido en un decreto de 1999. Se trata de una proposición no de ley que ha sido aprobada por unanimidad, si bien ha sido propuesta en primera instancia por el PSOE.
Sin embargo, en esta comisión ha sido rechazada, con los votos del PP, una iniciativa socialista por la que se solicitaba al Ejecutivo la elaboración de un estudio amplio e integral del impacto de las medidas de austeridad en los derechos y en la inclusión de las personas con discapacidad y en sus familias.