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El Congreso rechaza una moción de la Izquierda Plural que pedía el cierre de los centros de internamiento de extranjeros

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes una moción registrada por la Izquierda Plural y enmendada por Compromís Equo que pedía el cierre definitivo de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que existen en todo el país por entender que se trata de instalaciones carcelarias donde se vulneran los derechos de personas que sólo han cometido la falta administrativa de no tener permiso de residencia.
En su defensa de la moción, el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto ha declinado incorporar las enmiendas que habían presentado otros grupos porque ninguno respetaba la reclamación de cerrar de inmediato estas instalaciones y en su mayoría se centraban en exigir al Gobierno la elaboración de un reglamento para los CIE. Finalmente, ha presentado un texto consensuado con Compromís-Equo que ha cosechado 16 votos a favor, 126 abstenciones y 176 votos en contra.
La iniciativa, que se registró consecuencia de una interpelación previa al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pedía al Congreso respaldo para solicitar el cierre de los CIE y que mientras siguieran abiertos, el internamiento no se utilizase como medida punitiva. Además, solicitaba el fin de los controles "sistemáticos y arbitrarios" de documentación, las detenciones "injustificadas" de extranjeros y las autorizaciones de internamiento de los mismos.
En su intervención, el portavoz de Compromìs- Equo, Joan Baldoví, ha respaldado la iniciativa por coincidir con el grupo proponente tanto en que "los inmigrantes por el hecho de serlo no son delincuentes y en los se les trata como tal" como en que pedir al Gobierno un reglamento sería "institucionalizar un encierro" que en su opinión, "no debiera ser tal". "Apoyamos la campaña de cierre de estos centros que no debieran existir. Ningún ser humano es ilegal", ha añadido.
En la misma línea se ha manifestado el portavoz de ERC, Joan Tardà, para quien "los CIE son guantánamos, un limbo legal", y funcionan como "centros de represión" para personas "que no han cometido ningún delito o sólo el de ser pobres". "Se les retiene y se les niegan derechos fundamentales, desde la intimidad de las comunicaciones hasta el de la integridad moral", ha afirmado.
La portavoz del Grupo Socialista en materia de extranjería, Esperanza Esteve, ha expresado "dudas" al respecto, ya que en su opinión, si bien los CIE "quizá no son la mejor medida, no se dispone a día de hoy de otro dispositivo que permita trabajar la devolución o expulsión de personas". Por eso, su grupo es partidario de un reglamento de funcionamiento que establezca la fórmula para "conciliar el internamiento con el respeto a las libertades individuales" de los extranjeros.
En esta línea, el vocal de CiU Antoni Picò, ha urgido al Gobierno a elaborar cuanto antes el desarrollo normativo, que se quedó pendiente en la última legislatura del PSOE y que dos años después de que el PP llegase al Ejecutivo, aún no ha sido elaborado. "Mi grupo está convencido de que el respeto a la persona y la salvaguarda de los derechos de los extranjeros internados requiere que existan garantías", ha apuntado, en relación a la necesidad de la norma.
Desde UPyD, Toni Cantó ha coincidido con este planteamiento. Su formación es partidaria de la existencia de los CIE pero considera imprescindible una regulación que los dote de transparencia y que regule las condiciones en que se encuentran los internos, igual que ha apuntado el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, quien se ha hecho eco de las denuncias de "malos tratos o tratos degradantes" en estas instalaciones policiales "a personas que no habían cometido ningún delito".
Por contra, el diputado del PP, Francisco Márquez de la Rubia, ha rechazado la propuesta y la ha calificado de "profundamente innecesaria", ya que el Ministerio de Interior ha anunciado que va a aprobar el reglamento próximamente, por lo que es "innecesario exigir al Gobierno algo que va a ser realidad en muy poco tiempo".
En este sentido, ha indicado que comparte que esa aprobación "se está demorando excesivamente en el tiempo", pero ha subrayado que su grupo comprende "las razones de esa demora". Asimismo, ha rechazado que en los CIE se estén produciendo "situaciones dramáticas", así como que haya "controles arbitrarios", o "violaciones de derechos humanos".