El Congreso cierra el informe que plantea volver al horario británico y apostar por jornadas continuas para conciliar

El Congreso ha cerrado el informe por el que pide al Gobierno un estudio socioeconómico para conocer en detalle cuál sería la incidencia económica global de un posible cambio de huso horario en España, recuperando la antigua vinculación al huso horario de Greenwich (una hora menos), que además apuesta por las jornadas continuas de trabajo, con una breve pausa para comer, para favorecer la vida personal y laboral.

Se trata de algunas de las conclusiones del trabajo que este jueves ha cerrado la subcomisión o grupo de trabajo para el estudio de la Racionalización de Horarios, la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y la Corresponsabilidad del Congreso de los Diputados, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que los diputados han trabajado durante cerca de nueve meses, gracias a la aportación de numerosos expertos.

Así, la subcomisión considera que este cambio de horarios incidiría "favorablemente" en la conciliación de todas las personas, permitiendo disponer de más tiempo para la familia, la formación, la vida personal, el ocio, y evitando tiempos muertos en la jornada laboral diaria.

"Se trata de una tarea compleja, puesto que implica una transformación de nuestros usos y costumbres diarios, pero es innegable que los resultados nos harían converger con Europa en muchos aspectos en los que hoy estamos sumamente alejados, y muy particularmente en productividad, en competitividad, en conciliación y corresponsabilidad", reza el texto.

Es más, sostiene que España vive una situación "anómala" puesto que se encuentra en el huso horario de Europa central, cuando debería estar en el Europeo occidental. "Por esta razón nuestro horario se rige más por el Sol que por el reloj", añade el texto, que también indica que a esta situación hay que unírsele una organización horaria laboral "también singular" y que en nada se parece al resto de Europa.

PERMISOS PARENTALES IGUALITARIOS

Por otro lado, de entre las conclusiones del informe se desprende la necesidad de modificar los actuales permisos de paternidad y maternidad, con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral e ir encaminado hacia unos permisos parentales iguales e intransferibles, además de ampliar el permiso de paternidad a cuatro semanas.

Con ello, la subcomisión propone pedir al Gobierno la elaboración de los estudios económicos oportunos para evaluar la posibilidad de implantar los permisos parentales igualitarios e intransferibles, lo cual implicaría doblar la actual duración del permiso parental, de 16 a 32 semanas, "puesto que el acuerdo en torno a la validez de esta propuesta es general".

El informe constata a su vez que el permiso de lactancia debería reformularse puesto que ahora mismo no está funcionando como tal, sino que existe la posibilidad de acumularlo en días adicionales que se anexan al permiso parental.

Otro de los puntos que refleja este informe es que al ampliarse la edad de jubilación de los 65 a los 67 se va a perjudicar fundamentalmente a las mujeres, haciendo que la brecha pensional "sea más elevada", dado que éstas no han seguido "carreras lineales" teniendo que dejar el trabajo en muchas ocasiones por cuidado de hijos o familiares.

Sobre el trabajo a tiempo parcial, el informe señala que existe unanimidad sobre sus efectos perniciosos en las mujeres, a pesar de tratarse de un elemento para favorecer la conciliación en la reforma laboral.

Igualmente, plantea que los criterios de adjudicaciones de la administración pública incluyan como factor de puntuación la existencia de planes de igualdad que favorezca la conciliación, la corresponsabilidad y la racionalización horaria. De este modo, se estimularán los planes de conciliación en el tejido empresarial, según dicta.

Se prevé también que se aborde en la legislación laboral las modificaciones necesarias para la regulación del teletrabajo, que dé seguridad a la empresa y a los trabajadores.

UNA NUEVA LEY DE CONCILIACIÓN

Además, el trabajo de estos diputados y miembros de la Comisión de Igualdad del Congreso destaca la necesidad de que el Ejecutivo elabore una nueva Ley de Conciliación y Corresponsabilidad que profundice en todas estas temáticas y corrija aquellas disfunciones recogidas en el citado informe.

A su juicio, dicha normativa también debería incluir medidas en el ámbito laboral y de la negociación colectiva, incluyendo aquellas de responsabilidad social corporativa, con el objetivo de asegurarse la participación empresarial, en un camino en el que algunas empresas ya transitan.

Finalmente, quiere que la nueva ley tenga que pivotar sobre el eje primordial del desarrollo de los derechos de conciliación y de corresponsabilidad, las políticas públicas del tiempo y la corrección de todas las cuestiones de carácter normativo tratadas en la subcomisión.

El informe será aprobado la próxima semana en la Comisión de Igualdad del Congreso, previsiblemente el día 26, y posteriormente ratificado en el Pleno. La presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Quintanilla resalta el consenso alcanzado después de nueve meses de trabajo, "en el que los grupos parlamentarios han sido capaces de ponerse de acuerdo para que esta asignatura pendiente" que es la conciliación en España. Han participado casi 60 expertos.

Entre otros objetivos, el trabajo pretendía analizar las medidas de conciliación y flexibilización horaria existentes y su utilización práctica, así como formular propuestas para la incorporación de horarios más racionales en todos los ámbitos, que favorezcan la conciliación y la convergencia con Europa y simultáneamente mejoren la productividad laboral.

El informe constata la dificultad para conciliar en España actualmente y especialmente la mujer, quien no concibe su realización personal sin la participación en el mercado de trabajo y, de la misma manera, no desea abandonar su carrera profesional en el caso de querer convertirse en madre.

Esta iniciativa, que ha sido puesta en marcha a instancia de PP, PSOE y CiU, esta integrada por tres representantes de cada uno de los grupos parlamentarios con más de cien diputados en la Cámara, dos representantes de cada uno de los grupos con más de diez diputados y un representante de los restantes.