El Congreso rechaza pedir la dimisión de Mato al Gobierno tras la marcha de Gallardón

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado --con el voto del PP, Unió (UDC), tres diputados de Convergencia (CDC) y el de UPN-- la petición de la Izquierda Plural de reclamar al Gobierno la dimisión de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, tras la marcha del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, por la decisión del Ejecutivo 'popular' de retirar la reforma del aborto.

Se trata del resultado de una moción, que ha contado con la abstención de cinco diputados de Convergència y de UPyD. El voto de apoyo a la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), aunque insuficiente, ha sido de PSOE, PNV, ERC, CC-NC, BNG, Compromis, Geroa Bai, Amaiur y el voto del diputado de Convergència, Carles Campuzano.

Aunque la iniciativa se haya votado este jueves, su debate tuvo lugar ayer miércoles, donde los diversos portavoces de la oposición pidieron explicaciones al Gobierno tras la decisión de retirada de la reforma. Dicen desconocer los motivos que han llevado al Ejecutivo a retirar la prometida ley y decantarse por el "provoto" en lugar de por lo "provida".

Esta moción es consecuencia de la interpelación que tuvo lugar en la Cámara Baja sólo 15 días después de la dimisión de Gallardón y del anuncio de la retirada de la reforma, promovida por la Izquierda Plural.

"PROVOTO EN LUGAR DE PROVIDA"

"Ustedes practican la antipolítica porque Gallardón gobernó para crear problemas donde no los había, y también incoherencia porque como han visto que sus principios en aborto han sufrido un frontal rechazo los han cambiado por otros. Lo que parecía provida ahora es provoto", lamentó durante el debate la diputada de Convergencia, Lourdes Ciuró.

Asimismo, los portavoces de la oposición también criticaron la nueva intención del Gobierno de modificar el supuesto por el que las adolescentes de 16 y 17 años puedan interrumpir de forma voluntaria su gestación sin contar con el consentimiento paterno, "cuando estos casos se hicieron para salvedades como malos tratos o abusos".

"Parece que el Gobierno no conoce la ley vigente", criticó Gaspar Llamazares, impulsor de esta moción, mientras que Olaia Fernández Davila, del BNG, defendió que sean las adolescentes quienes decidan porque la decisión de interrumpir de forma voluntaria un embarazo les compete a ellas como mujeres.

"Tampoco compartimos esa amenaza del Gobierno. Léanse debidamente lo que dice la ley que obliga legalmente a que los padres sean informados, pero no a que den el consentimiento porque es algo que les va a afectar a su vida. Y la salvedad que se hace en relación a casos concretos como malos tratos. ¿Vamos a dejar a una joven desprotegida cuando ya lo está por su familia?", preguntó a la Cámara.

A pesar de la retirada de la reforma del Aborto, Llamazares avisó de que el Ejecutivo "mantiene dos balas en la recámara", al prometer la modificación de las menores antes mencionada, así como el recurso del TC "que ha sido adormecido por el Ejecutivo, pero que puede volver a despertarse puede ser una trampa para llevar a cabo la misma medida de recorte a través del alto tribunal y mermando aún más si cabe su legitimidad".

"Van a intentar de nuevo por la puerta de atrás superar la Ley de 2010 mediante 'su su su' (lo ha repetido tres veces) Tribunal Constitucional y encendiendo un fuego demagógico que pretende enterrar la posibilidad de las menores de abortar sin consentimiento paterno", agregó el portavoz de ERC, Joan Tardà, quien exigió a Mato que siga el mismo camino que Gallardón y "no meta su sucia mano política en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres".

Por su parte, Susana Ros, del PSOE, insistió en que no existe en España ni demanda, ni clamor social para cambiar la ley vigente, aparte de que el 75% de la ciudadanía quiere mantener la regulación vigente. "La ley de 2010 está avalada por el Consejo de Estado y reconoce el derecho a decidir sobre la maternidad. No obliga a abortar y recoge recomendaciones de organismos internacionales", sentenció.

Mientras, Joseba Agirretxea, del PNV, señaló que la reforma del aborto era "la crónica de una muerte anunciada", a la vez que ha admitido desconocer por qué se ha retirado. Al mismo tiempo reprochó la "incoherencia" del PP al presentar un nuevo redactado a la regulación del aborto sin esperar a la resolución del TC sobre su recurso de aborto. También recriminó que ni desde el PP ni desde el Gobierno se haya hablado con ellos, mientras el Ejecutivo promete alcanzar el mayor consenso en la reforma.

EN CONTRA DE LA INICIATIVA

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Marta Torrado, defendió su voto en contra a la moción de la Izquierda Plural en que para los 'populares' el tema del aborto es "de tal importancia y relevancia" que requiere de "seriedad y madurez política". "Esta moción sólo busca la ocasión para dejarse oír y notar", se quejó, para tachar la misma de "oportunismo político".

Torrado, reiteró por otro lado en que Zapatero aprobó la ley sin tener en cuenta otras sensibilidades. "Es una forma de despotismo que el PP no va a hacer porque esa ley se extralimitó superando las fronteras del sentido común", añadió.

A su vez, recordó que los 'populares' se comprometieron en su programa electoral a defender la maternidad, reforzar la protección del derecho a la vida, así como a "volver a garantizar" a las menores que en un momento "de especial dificultad" estarán con sus progenitores.

Por su parte, Carlos Salvador, de UPN, defendió que en España tienen lugar "110.000 abortos al año", "vidas humanas tan irrepetibles, tan dignas, tan únicas, tan iguales", como las de cualquier diputado presente en el hemiciclo. A su vez, resaltó que ningún portavoz parlamentario haya subido a la tribuna afirmando que esta realidad sea un éxito social del que orgullecerse.

"Tampoco soy capaz de decir cuál es la mejor reforma legal para reducir la tasa de abortos pero sí que hay que hacer algo más y distinto", reconoció, para enseñar finalmente una ecografía a Llamazares, impulsor de la tribuna, preguntándole qué es lo que "habrá padecido antes de morir".

Finalmente, Monserrat Surroca, desde Unió, (que en materia de aborto van por separado de Convergencia) recordó que su partido "siempre" ha defendido el derecho a la vida, al tratarse de un tema "esencial" y donde cualquier partidismo debería quedar al margen.

"Entendemos que ha faltado coherencia. Por tanto entendemos la dimisión de Gallardón con la falta de coherencia del PP al llevar esta cuestión en su programa electoral y verse abocado. Unió voto en contra de la ley Zapatero porque no hace hincapié en las medidas de prevención. Tampoco nos gusta cómo está tratado el tema de las menores de la vigente ley", aclaró.

En materia de aborto, CiU, que es la coalición de Unió y Convergència, tiene diferencia de voto. Mientras que desde Unió sus seis diputados no tienen libertad de voto, en Convergència sí la hay. De sus diez diputados, Carles Campuzano ha votado a favor de que Mato dimitiera, mientras que Jordi Jané, Pere Macias, Inma Riera o Jordi Xuclà se han abstenido. Han apoyado al PP y a UPN en esta ocasión los diputados de Convergència Carme Sayòs, Marc Solsona, y Feliu Guillaumes.