El Congreso dará luz verde mañana a la ley para conceder la nacionalidad a sefardíes

Durante el debate del proyecto de ley en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, el pasado 5 de mayo, el PP introdujo cuatro modificaciones, entre las que destaca la reintroducción del pago de una tasa para solicitar la nacionalidad, un pago que en el texto original era de 75 euros y que fue eliminado durante su tramitación en el Congreso. Ahora, en el último trámite, la Cámara Baja tendrá que refrendar estas enmiendas.

La senadora popular María del Carmen Dueñas Martínez ha explicado a Europa Press que la decisión de recuperar la tasa y aumentarla se debe a que la tramitación de la solicitud de la nacionalidad conlleva "un coste para la administración española" y es necesario "compensar el uso de estos servicios". En cualquier caso, ha precisado que es "una de las tasas más bajas del entorno".

A esta tasa estará sujeto todo aquel descendiente de sefardí que inicie el procedimiento para obtener la nacionalidad española, independientemente del resultado final del mismo. La gestión de la tasa corresponderá al Ministerio de Justicia.

Por otro lado, se ha incorporado otra enmienda, a propuesta del PP, que elimina la necesidad de que el interesado en obtener la nacionalidad se desplace a España dos veces y lo reduce a una.

Así, el solicitante deberá viajar a este país solo cuando le cite el notario tras recibir toda la documentación pertinente --una comparececia obligatoria a la que no podrá acudir un representante legal en lugar del interesado y en la que este tendrá que aportar los originales de los documentos probatorios--.

Sin embargo, ya no tendrá que desplazarse en una segunda ocasión y podrá realizar los últimos trámites --juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes-- ante el Registro Civil consular, evitando así, según ha explicado Dueñas "un gasto doble" para la persona que solicita la nacionalidad.

NACIONALIDAD POR RESIDENCIA

Además, el Grupo Popular utilizó su mayoría para "acotar" la ley a la concesión de la nacionalidad de los sefardíes, eliminando los preceptos que regulaban el procedimiento de adquisición de nacionalidad por residencia, que sí se incluía en el texto remitido por el Congreso y que ahora se han introducido en el proyecto de Ley del Registro Civil.

Otro cambio en el texto es el que se refiere al papel de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), de forma que el texto queda redactado como sigue: "El interesado podrá acompañar un certificado expedido por el presidente de la Comisión Permanente de la FCJE que avale la condición de autoridad de quien lo expide". Y se elimina el texto: "que avale la veracidad del contenido de los documentos".

MORISCOS, SAHARAUIS Y BEREBERES

Los grupos que había presentado vetos al proyecto de ley --los cuales han sido rechazados por el Grupo Popular--, planteaban, entre otros asuntos, la ampliación de la norma a moriscos, saharauis y bereberes. Ante este veto, la senadora Franco González ha explicado que habría que valorar para ellos "otra iniciativa parlamentaria específica" dada la "singularidad" de esta ley.

Franco González también se ha defendido de la crítica sobre una supuesta "privatización" ante el papel de los notarios en el procedimiento de concesión de la nacionalidad y ha asegurado que tal privatización "no existe porque los notarios son funcionarios públicos". También ha subrayado la importancia de "mantener" las dos pruebas de conocimiento de la lengua y la cultura española que serán diseñadas por el Instituto Cervantes.