LEY ABORTO

El Congreso propondrá hasta un máximo de catorce semanas para el aborto libre

El Congreso propondrá al Gobierno una nueva Ley de plazos que permita a las mujeres recurrir al aborto libre en un plazo máximo de catorce semanas de gestación, han informado a EFE fuentes de la Subcomisión parlamentaria creada para reformar la actual legislación, vigente desde 1985.
Vista parcial de la bancada del Gobierno en el Congreso. EFE/Archivo

Tras tres meses de duros debates y una treinta de intervenciones de expertos, cada grupo expondrá el próximo jueves sus conclusiones y será la portavoz del PSOE, Carmen Montón, quien sintetice un documento que tendrá que ser ratificado por la Comisión de Igualdad.

No obstante, el proceso se puede alargar porque la parlamentaria del PP Lourdes Méndez ha confirmado a EFE que su grupo presentará un voto particular contra el texto en la reunión de la Subcomisión, prevista para el día 12.

Los populares esperan contar después con tiempo para redactar y desarrollar su postura, y exponerla al resto de los grupos en otra convocatoria de este órgano parlamentario.

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero promoverá la nueva Ley en base al documento final y a lo que decida el Comité de Expertos organizado por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, cuyas conclusiones, previsiblemente, serán coincidentes.

La nueva normativa considerará por primera vez en España el aborto como un derecho, ya que, en su sentencia de 1985, el Tribunal Constitucional se limitó a despenalizarlo en los supuestos de peligro para la salud de la madre, violación y malformación del feto, alegando además que el Estado tiene que garantizar la vida del no nacido.

Aunque los socialistas no han desvelado cuál es el plazo de aborto libre que propondrán, los expertos convocados por este grupo han pedido que las mujeres puedan hacerlo sin alegar causa hasta las catorce o dieciséis semanas, a excepción de los portavoces de las clínicas abortistas, que demandaron un plazo de hasta veinticuatro.

En la línea de lo anunciado por el ministro de Sanidad, Bernat Soria, el PSOE y las formaciones de izquierdas propondrán previsiblemente una regulación de la objeción de conciencia de los médicos.

Estos grupos han coincidido en denunciar que sólo el 3 por ciento de los abortos se practican en los hospitales públicos porque la inmensa mayoría de los facultativos se niegan a llevarlos a cabo, alegando cuestiones morales y éticas.

Otro tema novedoso, y sobre el que se desconoce la postura final de los socialistas, es la posibilidad de regular el que las niñas menores de edad puedan someterse a un aborto sin la autorización de los padres.

El voto particular del PP, grupo contrario desde el principio a la ampliación del aborto, se basa en la premisa de que todos los expertos convocados han argumentado que es "malo" y "un drama para las mujeres", que conviene reducir el número de los que se practican en España y, finalmente, que atribuir a una persona la facultad legal de disponer de la vida de otra es inconstitucional.

Méndez ha explicado que su partido propondrá "medidas en positivo" de apoyo a las mujeres para que puedan seguir adelante con su embarazo frente a presiones económicas, laborales o familiares.

El PP ha esgrimido desde el primer momento que la Subcomisión y el Comité de Expertos han sido una "verdadera farsa" a la que el PSOE está "deseando dar carpetazo" porque su objetivo es simplemente reformar la Ley, tras la investigación abierta en algunas clínicas.

ERC-IU-ICV y BNG coinciden en defender el aborto libre durante las primeras veinte semanas, mientras que otros grupos como CiU y PNV no presentarán un documento formal porque dan libertad de voto en esta materia.

Los partidos progresistas consideran que las recientes investigaciones judiciales sobre interrupciones del embarazo supuestamente ilegales revelan las "deficiencias" del marco actual.

Su objetivo es que las afectadas y los profesionales que practican los abortos no se sientan perseguidos y que se garantice la confidencialidad y la seguridad jurídica de estas personas, así como la equidad y accesibilidad de la prestación en el conjunto del Estado en la red sanitaria pública y concertada.

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