El Congreso rechaza con los votos del PP una moción de Amaiur sobre las consecuencias de la crisis en las mujeres

En el acuerdo que habían alcanzado PSOE, Amaiur e IU, los grupos proponían: Educar en corresponsabilidad en todas las etapas, incluida la Universidad; visibilizar el trabajo de las mujeres en el hogar; dotar económicamente la Ley de Dependencia; y derogar la reforma laboral.

Todo ello, sin invadir las competencias autonómicas en cada materia, que había sido uno de los puntos criticados por CiU y PNV en el debate de este miércoles.

Concretamente, planteaban adaptar el curriculo de educación en igualdad, no discriminación y corresponsabilidad entre hombres y mujeres en todas las etapas educativas, incluida la universitaria.

También sugerían poner en marcha los recursos y servicios públicos necesarios para que el trabajo reproductivo y el de cuidados, "deje de ser exclusivamente femenino" y "visibilizar el trabajo no remunerado que en su mayoría lo realizan las mujeres, incorporando la contribución del trabajo doméstico al incremento del PIB".

Por otra parte, apostaban por desarrollar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, "dotándola de los recursos económicos necesarios".

Asimismo, señalaban la necesidad de que conceptos como la interdependencia, la reproducción y la sostenibilidad de la vida sean prioridades en la agenda política.

Además, proponían potenciar la recuperación de los servicios públicos desmantelados así como "frenar la privatización de los que quedan" y optimizar el servicio público de salud.

Finalmente, pretendían derogar la Reforma Laboral, y adoptar las medidas que permitan eliminar la brecha salarial así como las desiguales condiciones de trabajo entre los hombres y las mujeres, con repercusión directa en la brecha en el sistema de pensiones.

"¿AHORA LES PREOCUPAN LAS MUJERES?"

Durante el debate de la moción celebrado este miércoles en el Congreso, la portavoz del PP, María del Carmen Rodríguez, reprochó a la diputada de Amaiur que cuando se realizaron trabajos para tratar la conciliación y corresponsabilidad su grupo no hiciese "ni una aportación" y ahora, a falta de cuatro meses para que termine la legislatura, se preocupe por las mujeres.

"¿Ahora le preocupa la situación de las mujeres? Mientras usted se decidía, nosotros trabajábamos", subrayó Rodríguez para destacar el Plan de Igualdad puesto en marcha por el Gobierno, "el más ambicioso hasta la fecha", que destina "más de 3.000 millones de euros a mejorar la situación de las mujeres".

Por su parte, la portavoz socialista, Carmen Montón, denunció cómo en estos últimos años se ha "destrozado la vida de miles de mujeres" que han acabado "explotadas en dobles y triples jornadas laborales" y que han tenido que "hacer frente a la demolición del estado del bienestar".

A su juicio, las políticas del Gobierno han hecho retroceder a las mujeres "al rol caduco del cuidado y las tareas domésticas" y las han condenado a la "pobreza y exclusión social". "Se lo ha dicho Cáritas, Cruz Roja, la OIT, pero el Gobierno prefiere seguir abundando en la desigualdad", criticó Montón.

La portavoz de IU, Ascensión de las Heras, también adelantó que apoyarían la moción porque "el recorte de los derechos y libertades de las mujeres" es algo que viene "reivindicando" su grupo y porque consideran que debe incorporarse a la agenda política y económica el debate sobre un cambio de paradigma en el que la persona esté "en el centro".

INVASIÓN DE COMPETENCIAS

Mientras, la diputada de CiU, Lourdes Ciuró i Buldó, precisó que se abstendrían porque, aunque están de acuerdo con que "la crisis profundiza en las desigualdades" y con que "el sistema está actuando como un patriarcado", avocando a las mujeres "a la precariedad económica presente y futura", consideran que la moción "invade competencias" en materia de educación y dependencia.

En esta misma línea, el portavoz del Grupo Vasco, Joseba Andoni Agirretxea, añadió que, si bien no tienen nada que objetar a la exposición de motivos de la moción, en la parte dispositiva creen que hacen "una apelación al centralismo" y "una invasión competencial" al pedir al Gobierno que ponga en marcha programas educativos determinados o una nueva ley de dependencia.