El Congreso dará luz verde mañana a la reforma que prohíbe inmatriculaciones de la Iglesia

Así, la nueva norma elimina la posibilidad que la Iglesia Católica tiene desde 1998 de inmatricular bienes por el procedimiento especial, reservado a las administraciones públicas y que no exige título de dominio.

En el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros se daba un plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley para que esta prohibición surtiera efecto, lo que despertó críticas de PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que creían que así se animaba a la Iglesia a "aprovechar la oportunidad de la prórroga para inscribir lo que le venga en gana".

Sin embargo, con las enmiendas del PP se ha establecido que la prohibición de acudir a las inmatriculaciones por el procedimiento especial a la Iglesia comenzará a aplicarse desde el día siguiente de la publicación de la ley en el BOE, porque la "'vacatio legis' prevista era excesiva".

Durante la tramitación del proyecto de ley, la oposición ha pedido al Gobierno en sus respectivas enmiendas que la Iglesia Católica devuelva los bienes que ha inmatriculado a lo largo de estos años.

Además, representantes de Redes Cristianas, Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, Europa Laica y la Plataforma Mezquita-Catedral enviaron un escrito en enero a los grupos parlamentarios en el que les instaban a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la vigente Ley Hipotecaria, antes de que culminase su reforma en el Congreso, para evitar que se "consolidase la inmatriculación de bienes inmuebles, como la Mezquita Catedral de Córdoba" y que tuviese lugar "una amnistía registral de los bienes que han sido expoliados por la Iglesia".

El objetivo de esta iniciativa era, según sus responsables, frenar "el mayor expolio del patrimonio histórico del país por la Iglesia Católica, propiciado por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 que permite a los diocesanos inscribir bienes a su nombre sin acreditar título de dominio alguno".