Consejo de Europa urge a España a eximir a víctimas de explotación de colaborar con autoridades para no ser sancionadas

Esta es una de las principales conclusiones del informe de este grupo de expertos respecto a las actuaciones de las autoridades españolas en este campo. Entre los organismos encuestados para la elaboración del documento se encuentran seis ministerios (Educación, Industria, Sanidad, Empleo, Interior y Asuntos Exteriores), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y también varios dirigentes de comunidades autónomas, entre otros.

En las conclusiones, GRETA felicita a España por los últimos pasos dados en la lucha contra el tráfico de personas, resaltando la adopción de un Plan Nacional contra la explotación sexual así como el reparto de fondos a organizaciones que combaten esta práctica o la inclusión de distintos tipos de explotación en el Código Penal en 2010.

No obstante, el documento aborda varias recomendaciones que entiende deberían ser implementadas por las autoridades españolas en los próximos años. En concreto, en el apartado de las sanciones, pide eliminar la referencia a la colaboración de las víctimas como medio para evitar ser sancionadas por su situación irregular en el país.

Asimismo, insta a analizar las implicaciones de contar con diferentes normativas para la identificación y asistencia de las víctimas en función de si pertenecen a la UE o a países fuera de las fronteras europeas. En este sentido, considera necesario reforzar la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, así como de la Policía Nacional con la Guardia Civil.

El informe califica a España como "un país que en mayoritariamente sirve de destino y tránsito" para las víctimas del tráfico de personas. Así, recoge que en el año 2009 fueron identificadas 443 víctimas de trata en España, mientras que en 2010 esta cifra ascendió a 1.605 para volver a bajar en 2011, con 234 víctimas.

Todas estas personas fueron víctimas de tráfico para la explotación sexual y en su mayoría se trataban de mujeres provenientes de China, Brasil, Paraguay, Nigeria, Rumanía y la República Dominicana.

Por su parte, en el año 2012 se identificaron 406 víctimas para la explotación sexual y 89 para explotación laboral. Tres cuartos de estas personas eran mujeres y, entre las destinadas a explotación sexual, un 5% eran niñas.

ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO

El Consejo de Europa entiende que las actuaciones para la identificación y detección de personas implicadas en la explotación todavía es "insuficiente". Por ello, pide impartir "entrenamiento especializado" a todos los profesionales del sector para detectar estos casos (incluyendo a agentes fronterizos, trabajadores sociales o jueces, entre otros).

Una de las principales críticas del informe es el de los "escasos" permisos de residencia que han sido garantizados a las víctimas, además de la importancia de mejorar las compensaciones y cumplir con el periodo de treinta días de recuperación.

AGRADECIMIENTOS DEL GOBIERNO

GRETA también insiste en facilitar a las víctimas información de sus derechos o para empleo, resaltando la importancia de utilizar una lengua que puedan comprender.

En una respuesta incluida en el documento, el Gobierno español ha agradecido al Consejo Europeo la elaboración del informe, asegurando que "toma buena nota" de las recomendaciones y resaltando que "se trata de una buena guía para mejorar el trabajo".