El Consejo de Estado avala la norma que deja a los inmigrantes irregulares sin tarjeta sanitaria

En este sentido, este órgano consultivo ha puesto de manifiesto que la norma impulsada por el departamento de Ana Mato supone un cambio "de gran importancia" ya que, como destacan "sólo los extranjeros que tengan autorización de residencia en España podrán acceder a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos", cuando antes bastaba con estar inscritos en el padrón municipal.

El Consejo de Estado entiende no obstante que el "endurecimiento" para el acceso a la tarjeta sanitaria sólo afecta a la asistencia sanitaria "ordinaria", y recuerdan que este colectivo mantendrá su derecho a la asistencia sanitaria de urgencia o por enfermedad grave, durante el embarazo, parto y postparto, y "en las mismas condiciones que los españoles" en caso de tener menos de 18 años.

De hecho, alegan que con esta "salvedad", el Real Decreto "regula el derecho a la asistencia sanitaria en términos más amplios que las normas precedentes" ya que, como argumentan, "no se ha traducido en una restricción del principio de universalidad en el acceso a la asistencia sanitaria por parte de los ciudadanos españoles".

Además, destaca como la norma reconoce que los extranjeros que se encuentren en los centros de internamiento sí tendrán reconocido su derecho a la asistencia sanitaria.

Por otro lado, el Consejo de Estado admitió que "no cabía hacer cuestión" acerca de una supuesta inconstitucionalidad de la norma, como así lo habían denunciado Cataluña y País Vasco, y entienden que esta decisión compete al Tribunal Constitucional.

El dictamen destaca también como la norma introduce "novedades de gran calado" como el reconocimiento de la condición de asegurado a personas que no tengan ingresos superiores a 100.000 euros y a aquellos profesionales liberales encuadrados en mutualidades de previsión social alternativas al régimen de la Seguridad Social.

Además, destacan que para hacer efectiva la norma ha sido necesario modificar los sistemas de información, principalmente las bases de datos de la tarjeta sanitaria individual, lo que ha conllevado un coste de 450.000 euros anuales, al que hay que unir otros 454.040 euros que supondrá reconocer y controlar la condición de asegurado y beneficiario sólo en 2012, en concepto de desarrollo y mantenimiento de las nuevas aplicaciones informáticas, y 5,9 millones de euros "por las nuevas tareas a desarrollar a nivel periférico".

Pese a todo, el Consejo Estado recuerda que también está previsto que la solicitud de reconocimiento de tales condiciones se podrá realizar electrónicamente, lo que supondrá un ahorro estimado de 33 millones de euros.