El Defensor del Pueblo prepara un estudio sobre la protección social de los enfermos de cáncer

El objetivo es analizar cómo proteger mejor, en los ámbitos social y laboral, a las personas en un momento en el que las perspectivas científicas indican que la realidad de la lucha contra estas enfermedades va a experimentar en el medio plazo, "importantes cambios".

Para ello, estudia los programas generales de orientación, servicios de colocación y formación laboral para estas personas; la situación de los pacientes con cáncer con alta laboral; la de aquellos a quienes se les reconoce incapacidad temporal; las prestaciones farmacéuticas y la rehabilitación que reciben los pacientes diagnosticados, y las ayudas a las que pueden acceder sus cuidadores.

ACTUACIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN

De hecho, el Defensor ha actuado de oficio ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía por posibles carencias en la atención a menores con procesos oncológicos y en fase terminal ingresados en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Además, ha solicitado información sobre la posible carencia de recursos específicos de cuidados paliativos pediátricos en esta comunidad autónoma.

Asimismo, la Institución ha seguido en 2015 una actuación ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para conocer si existen retrasos en la incorporación de los nuevos antitumorales al Sistema Nacional de Salud. Y es que, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) el tiempo transcurrido desde la autorización de un medicamento por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y su comercialización podría demorarse hasta 20 meses.

"El sistema público sanitario debe ser capaz de responder en cualquier circunstancia al mandato constitucional de protección de la salud de todos los ciudadanos", ha argumentado para señalar que también ha trabajado para que se incorporen a la cartera de servicios los test genómicos para determinar la idoneidad de la quimioterapia en cánceres de mama.

Finalmente, la institución ha asegurado que permanece vigilante ante productos potencialmente cancerígenos para la población, por lo que mantiene abierta una actuación con el Ministerio de Agricultura para conocer el riesgo de los herbicidas con glifosato.