Alertan de las niñas víctimas de trata que "desaparecen" de los centros de menores

Así lo recoge el informe anual de la institución, en el que expone el caso de una niña que fue identificada como menor de edad y potencial víctima de trata por una ONG cuando ya estaba recluida en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid como paradigma de todo lo que está fallando en España a la hora de proteger a estas menores.

Según expone, la menor llegó en patera a Motril (Granada), donde ante la sospecha de que fuese víctima de trata, se le ofreció la posibilidad de acogerse al periodo de restablecimiento y reflexión que contempla la ley, un plazo durante el que la mujer permanece en un centro de acogida en España en tanto se decide a colaborar con las fuerzas policiales en la persecución de la red que la trasladó hasta el país.

Ella lo rechazó, así que, tomada por adulta, fue trasladada al CIE de Madrid para su expulsión. Una asociación que trabaja en el centro, la detectó y "a la vista de su evidente aspecto de menor de edad", solicitó al juzgado de control que la sometieran a pruebas médicas para determinar su fecha de nacimiento. Diez días después de su internamiento quedó acreditado que no tenía 18 años y fue trasladada a un centro de protección de menores, tal y como relata el informe.

La asociación, que mantenía contacto con la niña, "alertó de la necesidad del traslado inmediato de la menor a un recurso residencial específico" para menores víctimas de trata "y evitar así su desaparición del centro, como había ocurrido con otras menores en situaciones similares". Sin embargo, no se hizo. La menor desapareció del centro, ocho semanas después de su ingreso, sin llevar consigo dinero, documento identificativo, ni ningún otro objeto personal, según señala el texto.

"La asociación compareciente informó a esta institución que la menor había contactado con ellos desde Francia", explica el Defensor del Pueblo, que dio traslado entonces a la Fiscalía y a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras quien, a su vez, avisó a Interpol para tratar de localizar a la niña, aunque el resultado fue infructuoso. La chica víctima de trata cumplió fuera de España la mayoría de edad.

Para el Defensor del Pueblo, esto constata entre otras cuestiones, la "renuncia generalizada de las potenciales víctimas de trata de seres humanos al período de restablecimiento y reflexión ofrecido en Motril (Granada) horas después de ser interceptadas por Salvamento Marítimo", una renuncia que a su juicio, "no puede ser tenida en cuenta como indicio en contra del reconocimiento como víctima de trata de seres humanos".

"La experiencia muestra que un número significativo de estas mujeres y niñas acaban siendo nuevamente identificadas como víctimas de trata en un momento posterior (en CIE o en acogida humanitaria)", señala el informe, para incidir en la "preocupante presencia de niñas, potenciales víctimas de trata, en los centros de internamiento de extranjeros que han sido incorrectamente consideradas como adultas en Motril y en Almería".

En opinión de la institución, el caso "pone de manifiesto la necesidad de revisar con urgencia el procedimiento de determinación de la edad que se sigue en esas dos localidades y la necesidad de introducir en el mismo indicadores que permitan la detección ágil de indicios de trata de seres humanos o de otras situaciones de vulnerabilidad".

En esta línea, critica la "ausencia de un Protocolo de actuación específico para su puesta en marcha inmediata siempre que se detecten indicios de trata de seres humanos en menores, o siempre que dichos indicios hayan sido advertidos por otros profesionales".

INSUFICIENCIA DE MECANISMOS, FALTA DE PROCEDIMIENTOS

"Casos como el presente evidencian la insuficiencia de los mecanismos existentes y la necesidad de que, con carácter provincial, exista un procedimiento claro y personal de contacto en cada una de las instituciones con competencias en la materia a quien poder comunicar con urgencia la situación detectada", afirma.

Además, indica "carencias" en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados, por "la imposibilidad de relacionarlo con otro registro o de añadir al mismo reseñas complementarias" lo que impide conocer de manera inmediata los indicios de trata de seres humanos que se hayan podido detectar.

"En el presente caso, el hecho de que los funcionarios de la Policía Nacional de Motril ofrecieran a la interesada el citado período y esta lo rechazara, debería ser un indicio objetivo de la mayor relevancia para que, una vez determinada su minoría de edad, se pusiera de inmediato en marcha el protocolo previsto para los menores de edad víctimas de trata", sentencia el Defensor del Pueblo.

La institución viene reiterando desde 2014 la necesidad de impulsar el mencionado protocolo, recomendación que según el informe, habría aceptado la Secretaría Estado de Servicios Sociales e Igualdad, pues ha trasladado al Defensor del Pueblo que está "impulsando" estas medidas en los órganos de coordinación del Estado con las comunidades autónomas.