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Desarticulada una red que explotaba a menores rumanas tras liberar a cinco obligadas a mendigar en Ferrol

Tres de las liberadas habían dado a luz recientemente y eran amenazadas con que venderían a sus bebés si no obtenían más limosnas
La Policía Nacional da por desarticulada una organización criminal de ciudadanos rumanos que explotaba a compatriotas de entre 13 y 17 años a los que obligaba a mendigar en las calles de Ferrol.
Según informa este jueves la Policía, los agentes han liberado a seis víctimas, cinco de ellas menores de edad, que eran obligadas a ejercer la mendicidad en las calles de Ferrol y 20 miembros de un clan familiar que retenía a las menores han sido arrestados por delitos de trata de seres humanos y mendicidad de menores, entre otros.
Las víctimas habían sido traídas desde Rumanía bajo la promesa a su familia de contraer matrimonio con un miembro del clan y trabajar en España, logrando así que les cedieran su custodia. Una vez en España, las menores eran "verdaderas esclavas para las familias de acogida", según explica la Policía, y debían ocuparse de la casa, los niños y dedicar al menos ocho horas diarias a ejercer la mendicidad "bajo durísimas condiciones".
Además, tres de las menores liberadas habían dado a luz recientemente y eran amenazadas con que venderían a sus bebés si no obtenían mayores limosnas, que los detenidos usaban en adquirir coches de alta gama.
INICIO
La investigación comenzó a principios del año 2013, cuando trabajadores de los Servicios Sociales del complejo hospitalario de Ferrol comunicaron a la Policía Nacional el ingreso en dicho centro de una menor de edad sin acompañar que se encontraba en avanzado estado de gestación. La joven, de 16 años, desconocía totalmente el castellano y "parecía estar muy asustada", según el relato policial.
En las primeras investigaciones de la Policía, se descubrió que la menor se encontraba a cargo de una familia de origen rumano afincada en Ferrol, cuyo líder contaba con un acta de declaración notarial rumana concedida por los padres de la niña que autorizaba para que ésta fuera trasladada a España.
Los agentes averiguaron que había otras menores de edad a cargo de miembros del mismo clan familiar y todas ellas estaban dotadas de la correspondiente acta de declaración notarial rumana necesaria para su custodia.
La Policía precisa que todos los implicados tenían funciones diferenciadas para la consecución de los objetivos de la organización. Así, el grupo criminal se estructuraba en varias familias, dirigidas y coordinadas por un único hombre de 64 años de edad, "a quien recurrían ante cualquier contratiempo y al que obedecían ciegamente".
Los miembros del clan, según relatan las mismas fuentes policiales, colaboraban para engañar a las familias de las menores. De este modo, el engaño no sólo era sobre la relación sentimental que las chicas iban a mantener con los varones del clan, sino también sobre la actividad laboral que ambos iban a realizar en España.
En concreto, el clan aseguraba que se dedicaba a realizar trabajos agrícolas o en el sector de la construcción, y así conseguía ganarse la confianza de los padres de las niñas, que les facilitaban la documentación necesaria para poder traerlas y "acogerlas" en España.
En otros casos, la organización compraba la voluntad de las familias de las niñas con cantidades de dinero que variaban entre 2.000 y 6.000 euros como compensación por llevarse a sus hijas a España, lo que autorizaban sin ningún tipo de consentimiento por parte de las jóvenes. Por otro lado, este dinero debía ser devuelto a la organización en el caso de que la chica tuviera que ser retornada a Rumanía porque no sirviera para mendigar o su comportamiento no fuese el esperado por su "familia de acogida", precisa la Policía.
CONDICIONES DURAS
En el momento que llegaban a la localidad de Ferrol y su comarca, las menores eran obligadas a trabajar para las familias que las acogían en horarios que abarcaban todo el día, teniendo que cuidar de los niños, preparar comidas para todos los miembros del clan, realizar la compra, así como las labores del hogar, además de ejercer la mendicidad durante, al menos, ocho horas diarias.
Las condiciones de vida a las que estaban sometidas las víctimas "eran durísimas", según subraya la Policía, siendo constantemente vigiladas por mujeres mayores del clan, que no les permitían en ningún momento quedarse con el dinero obtenido.
Además, estas mujeres se aseguraban del "total aislamiento" de las víctimas, así como de su "absoluta dependencia" del clan. Todo el dinero que obtenían tenían que entregarlo a los dirigentes de cada familia, siendo el patriarca del clan quien decidía, según señala la Policía, en función de las necesidades, si alguna de estas familias debía de dar dinero a otra por no haber recaudado sus chicas lo suficiente. Estos beneficios eran utilizados en la mayoría de los casos para invertir en el mercado automovilístico.
Las niñas eran sometidas frecuentemente a "todo tipo de insultos, vejaciones y continuos maltratos", obligándolas a mendigar incluso bajo condiciones climatológicas adversas, siendo observadas y vigiladas por los miembros del clan en todo momento desde un vehículo que aparcaban próximo a ellas.
CUATRO HIJOS
Las investigaciones realizadas han permitido la liberación de seis víctimas, cinco de ellas menores, y cuatro hijos de las mismas de entre tres meses y tres años. Además, en el operativo han sido arrestadas 20 personas como presuntas responsables de delitos de trata de seres humanos, mendicidad de menores y pertenencia a organización criminal.
La operación, llevada a cabo por el Grupo VIII de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Ferrol-Narón (A Coruña), ha sido posible con la colaboración de las autoridades rumanas, y la coordinación entre la Agregaduría de Interior de las Embajadas de Rumanía en España y de en España en Rumanía, según resaltan las mismas fuentes.
En el transcurso de la misma, que ha contado con la participación de 50 agentes, se han realizado seis registros domiciliarios y la autoridad judicial ha ordenado la inmovilización de dieciocho vehículos, siendo alguno de ellos de alta gama, y el bloqueo de varias cuentas bancarias.
Además se han intervenido numerosas actas de declaración notarial de Rumanía y diversa documentación personal de las víctimas, mucha de la cual se encontraba bajo llave y que está siendo analizada, 4.000 euros en efectivo, libretas bancarias, armas blancas, dispositivos electrónicos y terminales móviles de última de generación.