Desarticulada una red que utilizaba a personas en exclusión social para lograr créditos y quedarse el dinero

A los integrantes de esta organización, todos ellos de nacionalidad española, se les imputan los delitos de extorsión, coacciones, amenazas, falsedad documental, receptación y pertenencia a grupo criminal.

Según informa el Instituto Armado, la investigación se ponía en marcha el pasado mes de enero, al presentarse una persona en la Guardia Civil y relatar que desde agosto de 2015 estaba siendo extorsionado por un grupo de personas, quienes le habían prometido un trabajo, pidiéndole a cambio su documento de identidad para poder abrirle una cuenta.

El relato de esta persona hizo sospechar a los agentes que otras personas en situaciones similares pudieran haber sido víctimas de un grupo que aprovechando la falta de trabajo, o la adicción a sustancias estupefacientes, por un módico precio obtuvieran créditos de los que se beneficiarían, quedándole a las víctimas la deuda a la que no podían hacer frente.

FALSAS PROMESAS

Gracias a los datos aportados por esta víctima, se localizaba a uno de los integrantes de este grupo y que a la larga resultó ser el cabecilla de la organización, esta persona se movía "a sus anchas" por los ambientes marginales, dedicándose a seleccionar a sus víctimas, las cuales debían de carecer de antecedentes y no haber solicitado ningún tipo de crédito.

Una vez que localizaba a las personas idóneas, y a base de falsas promesas se hacía con su DNI, el cual era pasado al siguiente escalón para comenzar a falsificar la documentación necesaria.

Así, otra parte del grupo ya desmantelado, se dedicaba a dar de alta en la seguridad social y a falsificar su vida laboral, una vez conseguían toda la documentación, obligaban a los jóvenes a acudir a las financieras a solicitar los créditos, o a comprar productos financiándolos, amenazándoles con hacerles daño si no lo hacían.

Un estudio pormenorizado de los datos aportados por las financieras, permitió cerrar el círculo en varias víctimas que reunían todas el mismo patrón, y que la mayoría de ellas no podían hacer frente al pago de los créditos obtenidos.

Este estudio permitió centrar varios domicilios donde se habían asentado las razones sociales de los acreedores, estando situados en la provincia de Toledo, concretamente en Talavera de la Reina, Buenasbodas, Santa Olalla y Mejorada.

Las investigaciones posteriores permitían descubrir que en esas localidades vivían los integrantes del grupo organizado, por lo que tras lograr su identificación se procedía a su detención.

Además, los agentes localizaron también a las personas y establecimientos que adquirían los productos financiados a un precio inferior al del mercado, siendo detenidas también por estos motivos.