Detenido en Salamanca por romper, por octava vez, el dispositivo de localización por violencia de género

Los policías acudieron a un domicilio de la calle Plasencia de Salamanca alertados por el Centro Cometa, que gestiona el funcionamiento de los dispositivos telemáticos de control por GPS que portan, como medida cautelar o como pena impuesta por la autoridad judicial los responsables, entre otros, de delitos de violencia de género o familiar, cuando se decretan órdenes de alejamiento de las víctimas.

La presencia policial fue requerida porque el hombre que lo portaba por orden judicial de alejamiento, tras haber cumplido condena por violencia de género, lo había arrojado por la ventana de su casa y no obedeció la indicación de que debía comparecer en la Comisaría para que se le instalara nuevamente.

Incluso, según han informado fuentes de la Comisaría Provincial de Salamanca, el autor de los hechos insultó y colgó el teléfono a los empleados que contactaron con él para informarle de los pasos a seguir.

Cuando llegaron, los agentes observaron en la acera opuesta al domicilio el dispositivo de localización, roto en varias partes y esparcido por el suelo. Al dirigirse al domicilio, el individuo les estaba esperando en el rellano y comenzó a insultarles, amenazarles y llegó a abalanzarse sobre uno de ellos, por lo que procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales.

En dichas dependencias continuó con los insultos y amenazas de muerte a los agentes, además de decirles que les iba a denunciar por malos tratos, ha explicado la Comisaría Provincial.

Al detenido le constan siete antecedentes y tiene decretada la orden de alejamiento por la Audiencia Provincial de Salamanca, en vigor hasta marzo de 2019.

OCHO APARATOS Y 180 ALARMAS

Desde que se le colocó el aparato, en marzo del pasado año, el ahora detenido ha roto ocho de estos dispositivos, ya que utiliza cualquier método posible para inutilizarlos, incluso arrojarlo en el WC.

Estas actuaciones han causado un perjuicio económico a la Administración de más de 15.000 euros, ya que cada dispositivo está valorado en unos 2.500 euros, ha explicado la Policía Nacional.

Asimismo, al margen del perjuicio económico y del incumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad judicial, el detenido "provoca continuamente" intervenciones policiales.

Desde que se le colocó el artilugio ha precisado 180 intervenciones policiales al activar los protocolos de protección a la víctima por negarse a cargar las baterías del dispositivo o acercarse al lugar de trabajo de la mujer, "alejándose inmediatamente una vez ha generado la alarma".