ERC, ICV-EUiA y CUP cargan contra el auto del TJSC sobre materia lingüística frente a PP y C's

En un comunicado, la portavoz de ERC y vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament, Anna Simó, ha tachado de "contradictorio e injusto" que el deseo de una minoría quiera pasar por encima de las leyes de las que se ha dotado la mayoría, vulnerando así, según ha dicho, la legislación catalana y los derechos del resto de la clase.

La coordinadora nacional de ICV, Dolors Camats, ha instado al Govern a mantener la inmersión lingüística independendientemente de lo que diga el TSJC, y ha reivindicado el éxito del modelo educativo catalán que permite no separar alumnos en función de su lengua de origen.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de EUiA en el Parlament Joan Mena, que ha pedido al Govern que evite que "una imposición jurídica pase por delante de los criterios pedagógicos", y al TSJC que vele primero por los derechos de los niños en vez de por el de las familias.

Desde la CUP, la diputada Isabel Vallet ha llamado a desobedecer la interlocutoria, desde el punto de vista popular e institucional, porque "es un nuevo ataque contra el país dentro de una ofensiva que afecta a todos los Països Catalans" y en ámbitos más allá del educativo.

En declaraciones a Europa Press, la diputada del PP en el Parlament María José García Cuevas ha acusado a la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, de querer mantener un sistema de inmersión "exclusivo y excluyente en catalán que está desajustado" a la legalidad, tal y como, a su juicio, están evidenciando los tribunales, aunque ha considerado insuficiente aún el porcentaje del 25%.

Por su parte, el secretario general de C's, Matías Alonso, ha cargado contra la "insumisión continua" de la Generalitat en materia lingüística, y ha lamentado que aquellos alumnos que quieren una educación en la que el castellano también sea vehicular tengan que recurrir a los tribunales.

CC.OO. de Cataluña ha lamentado que la judicatura tenga que pronunciarse sobre metodologías y técnicas educativas, "y aún menos fijar un porcentaje sin motivación pedagógica", y ha reiterado que no tiene fundamento alguno que el castellano sea una lengua marginal entre los catalanes cuando es de estudio obligatorio.