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Ecologistas en Acción estudia la vía administrativa contra el CSN por "inacción" en la limpieza de Palomares

Ecologistas en Acción se plantea iniciar la vía contencioso administrativa contra el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) por su "inacción" para eliminar la contaminación en el entorno de Palomares (Almería), donde el domingo hará 50 años que cayeron de forma accidental unas bombas con cabeza termonuclear estadounidenses.
El abogado de la ONG, José Ignacio Domínguez, ha adelantado a Europa Press que Ecologistas en Acción descarta seguir con la acusación por la vía penal, una vez que la Fiscalía les haya comunicado que archiva la investigación sobre la limpieza de Palomares porque no ve falta de acción por parte de la Administración ni de estos organismos.
"No vamos a perder el tiempo por la vía penal, si el fiscal no piensa acusar", ha comentado. Así, cree que la "única posibilidad" es la vía contencioso administrativa por vulneración de la normativa ambiental y por mantener material radiactivo al aire libre y valora que tendrá "muchas posibilidades de prosperar", si no en España, sí en Estrasburgo.
De este modo, la vía es remitir primero un escrito al CSN y el CIEMAT y, pasados tres meses sin respuesta, se presentaría el recurso contencioso en un juzgado de Madrid.
Para la organización, el responsable último administrativo ha sido el CSN, pero también a nivel político los sucesivos gobiernos, a los que acusa de haber "tapado" el problema y de no haber hecho nada en este medio siglo.
Además, Domínguez insiste en que el CIEMAT y el CSN "siempre ha sabido y conocido" que la población se estaba contaminando y conocían los efectos de esa radioactividad. De hecho, ha agregado que el CIEMAT conocía que en los años 80, cuando se removieron tierras hubo una nube de plutonio y asegura que "no avisaron a nadie y lo mantuvieron en secreto", mientras la gente trabajaba haciendo balsas o en la agricultura.
Al mismo tiempo, ha recordado que un informe del regulador atómico remitido al Congreso de los Diputados en 2004 confirmaba que había plantaciones de sandía en la zona. En concreto, ha advertido de que en la zona donde cayó la bomba estadounidense número 2 se miden 16 millones de bequerelios por metro cuadrado, frente a los 10.000 bequerelios por metro cuadrado en la zona de exclusión de Chernobil (Ucrania).
DELITO PRESCRITO
Respecto al archivo de diligencias por parte de la Fiscalía, el abogado de Ecologistas en Acción explica que ésta considera que el delito ha prescrito y que con posterioridad al accidente la Administración sí ha actuado. Sin embargo, Domínguez recuerda que la radiactividad no prescribe y que el plan de recuperación para la limpieza de Palomares se aprobó en 2010 y aún no se ha puesto en práctica. "Los delitos prescriben pero el plutonio durará miles de años", ha apuntado.
Por último, se ha referido al Memorandum de Entendimiento firmado entre Estados Unidos y España el pasado mes de noviembre sobre el que opina que es un "paso adelante" porque recoge por escrito promesas verbales realizadas por Hillary Clinton en 2012.
En todo caso, ha advertido de que esto es "solamente una promesa" que incluye que cualquiera de las partes puede renuncia cuando quiera al acuerdo sin ningún tipo de compromiso o responsabilidad. "Es propaganda en vísperas electorales que no sirve para nada", ha insistido.
En definitiva, ha recordado que Palomares es un "cementerio de plutonio al aire libre" accesible a quien quiera robar partículas, accesible para fauna como conejos con madrigueras dentro de la zona radiactiva. "No es admisible que sabiendo que hay material radiactivo se mantenga ahí. El memorandum es papel mojado", ha concluido.
FALTA DE ACCIÓN POR PARTE DE ESPAÑA
Por su parte, el responsable nuclear de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, ha denunciado que la realidad contradice que la Fiscalía dice y es que ya han pasado 50 años sin que las autoridades españolas hayan hecho lo suficiente para limpiar Palomares.
Castejón opina que hay dejación y apunta que "incluso Wikileaks" refleja el bajo interés de Estados Unidos para limpiar Palomares. De este modo, cree que España debía haber tomado medidas y al menos, desde 1966 hasta 2011 --cuando se colocó la última valla para acotar la zona-- se ha permitido a la población entrar en zonas contaminadas. "Alguien debe tener la responsabilidad y llama la atención que la Fiscalía omita este hecho", ha afirmado.