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Entidades de la Iglesia piden a europarlamentarios españoles que presionen para anular el acuerdo UE-Turquía

Las entidades de la Iglesia católica en España que trabajan con migrantes y refugiados --Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz-- han remitido una carta a los europarlamentarios españoles para pedirles que pidan la anulación del acuerdo de la Unión Europea con Turquía y presionen para que se desarrollen vías de acceso legal y seguro para los refugiados.
La carta, que se enmarca en una acción coordinada con otras redes católicas de la UE, ha sido remitida a los eurodiputados españoles que forman parte de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Subcomisión de Derechos Humanos. En el envío se han incluido también las embajadas en España de los Países Bajos, país que ostenta la presidencia semestral de la Unión Europea, y de Eslovaquia, que asumirá la presidencia el próximo semestre.
Entre los elementos que más preocupan a las instituciones firmantes se encuentran: el retorno a Turquía de todas las personas que llegan irregularmente a las islas griegas; el uso de la detención "indiscriminada" en 'hotspots'; el riesgo de separación de familias y de añadir experiencias "traumáticas"; y el esquema de uno por uno para reasentar a refugiados sirios sólo desde Turquía a la UE.
Además, Cáritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz recuerdan a los europarlamentarios españoles que "las negociaciones y la conclusión del acuerdo han tenido lugar sin ninguna consulta al Parlamento Europeo" y les reclaman que muestren su "indignación".
Asimismo, apuntan que las medidas estipuladas en el acuerdo son "ilegales" porque "vulneran normas internacionales de derechos humanos así como el derecho de la Unión Europea". Concretamente, señalan que "el retorno indiscriminado a Turquía de todos los migrantes que crucen irregularmente el Mar Egeo hasta Grecia constituye de facto una expulsión colectiva".
También indican que "Turquía no cumple los criterios de tercer país seguro o de país de primer asilo seguro bajo el derecho de la UE" y alertan de que una expulsión del territorio de la UE a Turquía "puede derivar en una deportación en cadena de un refugiado al país de persecución y constituye una violación del principio de no devolución".
Por otra parte, proponen algunas "alternativas razonables y eficaces" como la emisión de visados humanitarios o la retirada de la exigencia de visado a colectivos como los que huyen de la guerra en Siria. "Tales medidas --precisan-- no requieren grandes cambios legales, sino más bien ser implementadas como parte de una política coherente".