Entidades sociales celebran que Cataluña cuente con una "vacuna contra la homofobia"

En declaraciones a Europa Press, Rodríguez ha subrayado que la nueva normativa aprobada este jueves por el Parlament con 128 votos a favor beneficiará a un millón de personas, ya que se calcula que entre un 10% y un 15% de la población catalana pertenece al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI).

En nombre de las diversas entidades, Rodríguez ha reclamado a la Generalitat que empiece desde este mismo viernes a aplicar la legislación contra la homofobia, que ha considerado "valiente", para que ésta pueda ser conocida por todos los rincones del territorio.

Ha visto con buenos ojos que la norma obligue a los denunciados por una agresión homófoba a demostrar que no han llevado a cabo la agresión de la que se les acusa, como sucede en los casos de violencia de género.

CC.OO. ha celebrado que se trata de una "ley integral y pionera", que convierte a Cataluña en líder en la protección y derechos de su ciudadanía.

"Con esta ley dispondremos de una buena herramienta para desarrollar y continuar trabajando para erradicar la homofobia en los centros de trabajo", ha señalado el sindicato, que ha confiado en que se convierta en un potente precedente para generar un efecto dominó en otros parlamentos autonómicos.

La norma prevé desarrollar y garantizar los derechos del colectivo LGTBI e impedir situaciones de discriminación y violencia, para lo que contempla medidas que van desde el trabajo pedagógico en escuelas y universidades hasta un régimen sancionador que establece multas contra infracciones leves, graves o muy graves.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Precisamente el régimen sancionador ha sido uno de los puntos más polémicos de la norma, que prevé entre las infracciones el uso de expresiones vejatorias que inciten a la violencia, discriminar el acceso de personas LGTBI a un servicio público, asediarles y convocar actos que inciten al odio contra este colectivo.

Las sanciones por estas infracciones varían en función de si se trata de leves, graves o muy graves y van desde una multa equivalente al indicador de la renta de suficiencia --569,12 euros en 2014-- a la prohibición de recibir ayudas públicas o subvenciones durante un máximo de cinco años.