España denegó siete de cada diez peticiones de asilo examinadas en 2015, cuando "retrocedió" en protección, según CEAR

El informe, presentado este jueves por el presidente de CEAR, Carlos Berzosa; y su secretaria general, Estrella Galán; detalla que pese al incremento registrado en la cifra de peticiones de asilo, que pasaron de 5.947 en 2014 a 14.881 según los datos provisionales de Interior, España volvió a recibir el año pasado "un porcentaje ínfimo", inferior al 1%, de todas las solicitudes presentadas en la Unión Europea.

Además, explica que aunque el número de peticiones se triplicó, la protección se redujo: se concedió el estatuto de refugiado a 220 personas, frente a las 384 que la obtuvieron en 2014; y se dio protección subsidiaria --asistencia similar pero de carácter temporal-- a otras 800, cuando en 2014 la recibieron 1.199.

Mientras, el porcentaje de personas que vio rechazada la protección subió del 56,14% en 2014 al 68,52% y "no concedió la residencia por razones humanitarias ni a una sola de las 2.200 personas a quienes denegó la protección internacional", conforme dice el informe. Para CEAR, es la prueba de que "el precario compromiso del Gobierno con las personas refugiadas menguó aún más en 2015".

"Resulta alarmante que frente al aumento de solicitudes de protección de personas que proceden de países en conflicto los índices concesión hayan disminuido. A esto hay que añadir que sigue identificándose un trato diferenciado hacia los solicitantes de origen sirio y los que proceden de otros países en conflicto como Ucrania o Malí, cuyos expedientes están "congelados" en espera de que los conflictos lleguen a su fin", denuncia la organización.

En cuanto al estatuto de apátrida, 1.151 personas lo solicitaron el pasado año, casi todas procedentes de los campamentos saharauis en Tinduf, en el desierto argelino. "Con lentitud, la OAR continuó resolviendo estas peticiones con un criterio favorable, de conformidad con los criterios definidos por el Tribunal Supremo", dice el informe de CEAR.

El desglose de las cifras revela que más de la mitad de los solicitantes de asilo procedían de Siria (5.724) y Ucrania (3.420) y el 42,8% del total cursó su petición en Melilla. Mientras, "sólo cuatro personas que llegaron como polizones" a puertos españoles pudieron pedir protección internacional, conforme denuncia CEAR.

En cuanto a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), el informe indica que "en función del centro en que la persona necesitada de protección internacional esté internada, el acceso al procedimiento varia de manera notoria" porque depende de las entidades y organismos que puedan entrar en las instalaciones y brindar información y asesoría jurídica, lo que "sólo existe en los de Madrid, Barcelona y Valencia".

El informe dedica un capítulo a analizar el "lento cumplimiento" de los compromisos españoles con Europa en materia de reasentamiento y reubicación de refugiados, ya que a junio de 2016 ha recibido a 124 personas de las 9.323 que asumió acoger mediante reubicación y no ha reasentado a ninguna de las 1.449 que aceptó a trasladar desde campos de refugiados en los acuerdos de junio y septiembre del año pasado.

CEAR pide al Gobierno que salga de las urnas el 26 de junio que revierta la tendencia y adopte cinco compromisos, el primero de los cuales es instar "de forma inmediata" la suspensión de la aplicación del acuerdo entre la UE y Turquía para la devolución de refugiados, seguido de la acogida también inmediata, de las personas que se encuentran en Grecia e Italia que se ha comprometido a proteger.

Asimismo, exigen la puesta en marcha de vías legales y seguras de acceso al procedimiento de asilo, habilitando para tal fin las embajadas y consulados, facilitando la emisión de visados humanitarios, cumpliendo los compromisos de reasentamiento y asumiendo programas más ambiciosos.

En la misma línea, solicitan que se eliminen "los obstáculos" para el acceso al derecho de asilo, poniendo fin a "las devoluciones ilegales de personas migrantes y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla", suprimiendo la exigencia de visado de tránsito a los sirios, trasponiendo las directivas europeas en materia de protección internacional y desarrollando el reglamento de la ley de Asilo, que lleva siete años pendiente.