La Ley de Evaluación Ambiente, que incluye el trasvase Tajo-Segura, volverá al Congreso con el apoyo en solitario del PP

Los 'populares' también han rechazado seis vetos al proyecto, del grupo Mixto, PSOE, Entesa por Progres de Cataluña, CiU, que han sido rechazados. Además, también ha contado con una docena de votos particulares y un total de 453 enmiendas.

No obstante, el Senado sí ha incorporado dos enmiendas de CiU transaccionadas por el PP, que recogen cuestiones técnicas. Una de ellas autoriza a la Administración central y también a las comunidades autónomas a eximir de evaluación de impacto ambiental a determinados proyectos en aras de la seguridad general, como por ejemplo los centros penitenciarios, o cuando se trate de cuestiones de obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas a consecuencia de acontecimientos catastróficas o bien por obras de emergencia.

La segunda detalla que, además del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las administraciones autonómicas podrán crear los bancos de conservación de la naturaleza así como otorgar títulos ambientales o créditos de conservación.

El texto recoge el Memorandum del Tajo por el que "en función de las existencias conjuntas" en Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca), a principios de cada mes se decidirán trasvases con un máximo anual total de hasta 650 hectómetros cúbicos (hm3) en cada año hidrológico.

De este modo, los volúmenes de agua determinantes de la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura se actualizarán por medio de decreto, con el objetivo de adecuar "de forma flexible" las magnitudes a las variaciones hidrológicas observadas en los últimos años y contar con instrumentos "ágiles" para adaptarse a los posibles efectos de alteración hidrológica, como los inducidos por el cambio climático.

Durante su tramitación en la Cámara Alta, los senadores de todos los grupos han criticado que la norma se haya tramitado por el procedimiento de urgencia, en un momento en el que se está modificando la Directiva de Evaluación Ambiental en la Unión Europea, lo que obligará al Gobierno a modificar la nueva ley en el plazo de dos años.

Además, han criticado la falta de rigurosidad en las evaluación de impacto ambiental que propone la nueva ley en aras de favorecer simplificar y agilizar los procedimientos, algo que puede conllevar beneficios para intereses económicos.

Finalmente, entre las principales críticas los grupos han incidido en la inclusión del trasvase del Tajo-Segura en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, sin que figure en el plan hidrológico de la cuenca del Tajo ni se haya podido someter a informe de distintas entidades del Estado.