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Expertas reclaman que la ayuda a víctimas de violencia de género no se condicione a que denuncien

Expertas en violencia de género cuestionan la eficacia de las campañas exclusivamente dirigidas a instar a las víctimas a denunciar y consideran un "error absoluto" que la formalización de esa denuncia sea requisito imprescindible para acceder a las ayudas que contempla la Ley Integral, porque "no se puede forzar a denunciar cuando la seguridad no está garantizada" y tampoco hacerlo cuando la mujer no está "preparada" para afrontar "un calvario judicial".
Es una de las conclusiones de un encuentro informativo entre la subdirectora general de atención a las víctimas de la violencia de género en la Comunidad de Madrid, Elena Granados; la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María del Campo; la responsable de CERMI Mujeres, Isabel Cabellero; la jefa de la Unidad de Familia de la Policía Local de Madrid, Marta Fernández; y el portavoz de Hombres por la Igualdad (AHIGE), David Kaplun.
Según ha señalado Granados, las campañas dirigidas a instar la denuncia "son absolutamente erróneas". "No podemos obligar a las víctimas a denunciar si no podemos garantizar al cien por cien su seguridad. La denuncia incrementa el riesgo en un porcentaje altísimo", ha apuntado.
En su opinión, "los mensajes han empezado a cambiar para no decir denúncialo, sino cuéntalo" porque se trata de romper la espiral del silencio, sea acudiendo a una amiga, a un pariente, a un recurso público o a un médico de atención primaria. El reto, según ha apostillado, es formar a todos los profesionales al alcance de la mujer para que en caso de que lo cuenten, sepan a dónde derivarla sin "marearla de un lado a otro".
Además, considera "un error absoluto pasar por el filtro de la denuncia para recibir atención" porque "las víctimas han de estar preparadas y reforzadas" para afrontar lo que ha tildado de "calvario judicial" en el que "se están cometiendo muchos fallos" y ante el que es "normal" que haya mujeres que se echen atrás y decidan no seguir con el proceso.
Afirma que en la Comunidad de Madrid se requiere tener esa denuncia, cuando no orden de alejamiento, para poder acceder al sistema de apoyo a víctimas, algo que sí se exige para beneficiarse de las ayudas económicas que se gestionan a nivel estatal, como las rentas de inserción, por lo que al final, muchas mujeres se quedan sin esa posibilidad.
En la misma línea, Ana María del Campo ha destacado que "lo fundamental es primero atender a la persona", premisa con la que llevan 25 años gestionando su casa de acogida, un recurso integral para víctimas donde reciben todo tipo de acompañamiento. "Cuando vienen y nos dicen que quieren denunciar, les decimos 'primero entra, y ya presentaremos la denuncia'. La mujer tiene que estar fuerte", ha señalado.
MALTRATO INSTITUCIONAL Y VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA
Del Campo es crítica con la situación actual porque considera que que se está produciendo "un retroceso" tanto en igualdad como en lucha contra la violencia de género y una retracción de los recursos. "No se puede decir que estamos avanzando, estamos retrocediendo. Hemos perdido derechos, estamos en una situación muy grave", ha asegurado.
La responsable de la Unidad de Familia de la Policía Local, que tiene una red de recursos para víctimas que no requiere de denuncia previa y que acompaña a la mujer hasta 18 meses, ha destacado que "la sensibilización ha mejorado, la concienciación ha mejorado y la especialización también", aunque ha lamentado el trato judicial que reciben las víctimas, con "maltrato institucional" y "victimización secundaria" durante el proceso.
"Estamos en pleno 'boom' de la tecnología y hay recursos suficientes para evitar que esa mujer tenga que enfrentarse de nuevo a la situación con el agresor y la familia del agresor merodeándola, como si lo estuviera viviendo otra vez", ha señalado. Reclama que se utilicen sistemas como la video conferencia porque dice que la mujer se sentiría más segura para continuar con su denuncia.
Para AHIGE, la clave está en empezar a trabajar las relaciones de igualdad ya desde niños, "tanto en infantil como luego ya en el colegio" y en la adolescencia, trabajar las relaciones afectivo sexuales desde esta perspectiva, no sólo atendiendo a cuestiones de prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, y haciéndolo siendo consciente de que hay que involucrar tanto a hombres como a mujeres.
"Si los asesinatos fuesen en otro colectivo estaríamos volcados todos en la calle y no entiendo cómo siendo hombre, que tengo madre, hija, hermana, amigas y muchas mujeres a las que quiero, no me va a afectar este problema que no es, por tanto, sólo de ellas, sino que es un problema social de derechos humanos", ha añadido.