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FACUA pide a la Defensora del Pueblo que intervenga ante la "amenaza de ilegalización" del Ministerio de Sanidad

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de España (FACUA) ha solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que intervenga ante la "amenaza de ilegalización" del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, si no retira de su web las críticas a los recortes del Gobierno en materia de sanidad, educación o justicia.
Esta entidad, miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios, ha remitido a Becerril una carta en la que le pide que interceda en el contencioso con el Instituto Nacional de Comsumo, cuya presidenta, Pilar Farjas, envió un oficio a FACUA para que quitara de su página web estos contenidos, dándole de plazo el 22 de agosto. Asimismo, señalaba que en el caso de que no lo haga, Sanidad excluirá a esta entidad del Registro Español de Asociaciones de Consumidores.
FACUA alerta a la Defensora del Pueblo de que el Gobierno está realizando una interpretación "absolutamente restrictiva" de la legislación vigente en materia de protección de los consumidores, al considerar que las organizaciones de consumidores se están extralimitando en sus funciones legales.
A juicio de esta organización, el Ejecutivo está "enmascarando su intolerancia frente a la legítima critica de dichas organizaciones a sus políticas lesivas contra los intereses ciudadanos", como, a su entender, supone cerrar centros de salud, aumentar el precio de los medicamentos, dejar de bonificar medicamentos por la Seguridad Social, aumentar el número de alumnos por aula en los colegios, recortar ayudas a las personas dependientes, negar la prestación sanitaria a los inmigrantes que no tengan trabajo, entre otras.
Por ello, solicita a la Defensora que valore el oficio emitido por la Presidenta del INC y proceda a actuar contra este "grave atentando a la libertad de expresión" y este "grave recorte" en las funciones de las asociaciones de consumidores. Asimismo, le pide que les ampare en defensa de la libertad de expresión y del derecho de las organizaciones de consumidores y usuarios para intervenir en materias relacionadas con la sanidad y educación pública, "como lo han hecho siempre".