Facua pide la "intervención inmediata" de la Comisión Europea para evitar su "ilegalización"

En una carta, Facua ha asegurado que España "está realizando una interpretación absolutamente restrictiva" de la legislación vigente en materia de protección de los consumidores, al considerar que las organizaciones que defiendan a los usuarios de los servicios sanitarios o de educación "se están extralimitando en sus funciones legales".

La asociación, que adjunta el oficio con el "ultimatum" enviado por la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, pide la intervención de las autoridades europeas para "evitar daños irreparables a la imagen" de la asociación y "en aras de la defensa de la libertad de expresión".

Asimismo, en los próximos días se dirigirá al Defensor del Pueblo Europeo, a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo y a la Agencia de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Además, esta organización no descarta "defender sus derechos e intereses por todas las vías, incluidas las legales".

La asociación también se ha dirigido a los comisarios europeos de Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Consumo, Competencia y Mercado Interior. En su misiva ha pedido la actuación de la vicepresidenta y Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, así como del vicepresidente y Comisario de Competencia, Joaquín Almunia, el Comisario de Salud y Política de los Consumidores, John Dalli y el de Mercado Interior, Michel Barnier.

En palabras del presidente de Facua, Paco Sánchez se trata de "un atentado contra los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de asociación, inadmisible en una democracia y por supuesto en un estado miembro de la Unión Europea".