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La Fiscalía archiva la investigación sobre la limpieza de Palomares

La Fiscalía General del Estado ha archivado la demanda por vía penal presentada por Ecologistas en Acción contra el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y contra miembros de distintos Gobiernos de España por un presunto "delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente".
El abogado de la causa de Palomares de la ONG, José Ignacio Domínguez, ha confirmado a Europa Press que la Fiscalía les ha comunicado el archivo de la investigación sobre la limpieza de Palomares porque no ve falta de acción por parte de la Administración ni de estos organismos.
Sin embargo, la ONG considera que el responsable último de limpiar Palomares es el Consejo de Seguridad Nuclear y los sucesivos gobiernos a nivel político, a los que acusa de haber "tapado" el problema y de no haber hecho nada en este medio siglo.
Además, sobre el archivo de diligencias de la Fiscalía, el letrado explica que ésta considera que el delito ha prescrito y que, con posterioridad al accidente, la Administración "sí ha actuado". "Los delitos prescriben pero el plutonio durará miles de años", ha valorado.
En definitiva, ha recordado que Palomares es un "cementerio de plutonio al aire libre" accesible a quien quiera robar partículas, accesible para fauna como conejos con madrigueras dentro de la zona radiactiva. "No es admisible que sabiendo que hay material radiactivo se mantenga ahí. El memorandum es papel mojado", ha concluido.
50 AÑOS SIN LIMPIAR LA ZONA
Por su parte, el responsable nuclear de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, ha denunciado que la realidad contradice que la Fiscalía dice y es que ya han pasado 50 años sin que las autoridades españolas hayan hecho lo suficiente para limpiar Palomares.
Castejón opina que hay dejación y apunta que "incluso Wikileaks" refleja el bajo interés de Estados Unidos para limpiar Palomares. De este modo, cree que España debía haber tomado medidas y al menos, desde 1966 hasta 2011 --cuando se colocó la última valla para acotar la zona-- se ha permitido a la población entrar en zonas contaminadas. "Alguien debe tener la responsabilidad y llama la atención que la Fiscalía omita este hecho", ha afirmado.