El Foro de la Familia exige a los partidos que garanticen la libertad de elección educativa de los padres

Es una de las reivindicaciones que la organización ha presentado a PP, PSOE, Ciudadanos y VOX --están "en espera" de reunirse con Podemos-- en las reuniones que han mantenido en las últimas semanas de cara a las elecciones para trasladarles una batería de 50 medidas orientadas a conseguir "que la familia ocupe el lugar que le corresponde" en las políticas públicas.

Así lo han explicado en rueda de prensa el presidente del Foro, Mariano Calabuig y su directora general, Luisa Maldonado. Según han afirmado, las medidas son las mismas que se plantearon de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre aunque en materia de Educación se ha incorporado todo un bloque porque, dicen, "es un pilar esencial".

Proponen "un pacto educativo" pero advierten de que no será tal, sino incluye "en primer lugar a los padres" y respeta "escrupulosamente su derecho a elegir un programa educativo de acuerdo a sus convicciones", así que respeta la libertad de los centros para diseñar un ideario propio que los padres puedan asumir y con el que comprometerse.

"El artículo 27 de la Constitución Española no se puede interpretar al antojo de cada partido o cada comunidad autónoma. La Educación debe salir del influjo político", ha reivindicado Calabuig, quien se ha referido además a la elección no sólo de los modelos educativos, sino de los contenidos "ideológicos" que los alumnos pueden o no recibir en las aulas.

En este sentido, ha afirmado que están proliferando "leyes LGTBI que se entrometen en la responsabilidad de los padres al pretender que en el colegio se imparta educación afectivo sexual sin el consentimiento de los padres" por lo que reclama que en "temas tan serios" sea preceptivo recabar esa aprobación "previa y expresa" de los padres, como "con las excursiones escolares".

El Foro de la Familia reclama además un pacto nacional de política familiar que conlleve la creación de "un Ministerio o una secretaría de Estado de Familia" encargada de conseguir que en cada decisión que adopten las administraciones se considere el impacto que tendrá en los hogares.

Asimismo, reivindica que en una Legislatura se alcancen los 12.000 millones de euros de presupuesto para políticas familiares, la media que destinan los países del entorno y que se impulse una "ley básica de prevención y mediación familiar" que apoye la estabilidad de las mismas, entre otras medidas de conciliación, racionalización de horarios o derecho a la vida.