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La Fundación Alternativas propone una nueva Ley General de Sanidad que "asegure" la sostenibilidad del SNS

Un informe presentado por la Fundación Alternativas propone la creación de una nueva Ley General de Sanidad que sustituya a la actual, en vigor desde 1986, a fin de mantener las condiciones universales, igualitarias y de calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y "asegurar" su sostenibilidad de cara al futuro.
Así se desprende de la propuesta elaborada por el cardiólogo Javier Rey del Castillo, actual secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y autor de dicho informe. A su juicio, frente a los "graves déficits estructurales" que está viviendo el SNS en los últimos años es necesario promover una nueva norma para establecer "las bases para su funcionamiento eficiente, reforzar sus fortalezas y adaptar su estructura a las condiciones actuales de desarrollo".
Sobre todo, añade, cuando la actual Ley General de Sanidad presenta "grandes deficiencias" de su articulado en la definición de aspectos "esenciales" como la organización y constitución del sistema.
Por ello, propone un nuevo articulado que, por un lado, aborde la "unificación real de la cobertura sanitaria", tanto "para evitar duplicidades" en sistemas de protección como para "hacer posible la igualdad de toda la población en la cobertura sanitaria".
Asimismo, apuesta por dar capacidad ejecutiva al Consejo Interterritorial y promover la creación de entidades de participación autonómica para sistemas de información, evaluación de tecnologías, sistema unificado de compras, una agencia de Salud Pública o definición de políticas de medicamentos, siguiendo el ejemplo de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).
En este sentido, ven ambas opciones más "viables" que la "redevolución al Gobierno central de competencias en materia de gestión de servicios sanitarios de las comunidades", como han propuesto otros autores.
A esto hay que añadir una modificación en el sistema de financiación sanitaria, con la introducción de partidas condicionadas cuyos requisitos de distribución se fijen con los mismos criterios que los del actual Fondo de Cohesión.
En el informe también proponen un cambio en los límites de las formas de gestión hospitalaria, un cambio en las relaciones con los proveedores y una nueva regulación estatutaria de los trabajadores.
La "principal amenaza" con que puede contar esta norma, según el doctor Rey del Castillo, es la posición del Partido Socialista, ya que a su juicio debería ser "el promotor natural y necesario" de estos cambios.
Asimismo, también considera una barrera la consolidación de las aseguradoras privadas y cadenas de hospitales cuyo interés es el de "extender su actividad a expensas de la financiación pública específica directa e indirecta, incluidas la desgravaciones fiscales, de esos sistemas diferenciados de protección sanitaria".