Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El fiscal superior de Galicia considera "positiva" la sentencia del Prestige, que permitirá ejecutar la indemnización

Apuesta por una unidad especializada de la Fiscalía Anticorrupción para Galicia y por aumentar "la concienciación social" sobre estos delitos
El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, ha considerado como "positiva" la sentencia del caso Prestige, que "permitirá ejecutar los 1.000 millones de dólares que están pendientes de una compañía inglesa", tras un trabajo de coordinación de las administraciones.
Así se ha pronunciado este jueves en una entrevista en la Radio Galega, en la que ha subrayado que la sentencia ha constatado la existencia de un delito medioambiental, ha fijado una pena por el delito y ha abierto una vía para cobrar la indemnización.
En este sentido también ha asegurado la necesidad de incrementar la concienciación social sobre la corrupción, un problema que afecta a la "estructura básica del Estado". Además, ha señalado a la preocupación por la corrupción política, hay que añadirle la "económica y social".
En esta línea, ha destacado que el establecimiento de una unidad especializada en Galicia de la Fiscalía Anticorrupción "ayudaría a tramitar los asuntos de esta índole de una forma mejor y más eficiente".
DELITOS FISCALES
Además, ha criticado el amparo social que tienen los deportistas de élite condenados por delitos fiscales, aunque ha reconocido que cada vez hay más conciencia al respecto de perseguir este tipo de delitos. También ha incidido en la importancia de la presunción de inocencia frente a este tipo de acusaciones.
Por ello, ha defendido un aumento del presupuesto para la justicia hasta el 2 por ciento del PIB, como en el contexto europeo y ha defendido la necesidad de concretar el papel de los diversos actores de la Administración en este tipo de delitos.